En la Obra Social Provincia (OSP) aseguran que no le deben nada a la Asociación Propietarios de Farmacias y al Colegio Farmacéutico, las entidades que nuclean a las farmacias y que habían tomado la decisión de cortarle el servicio de medicamentos a los afiliados desde ayer debido a que sostenían que no les habían pagado septiembre y octubre. Incluso, la entidad estatal afirmó que el plazo de cancelación está dentro del convenio firmado y que le dejarán recursos a la gestión de Marcelo Orrego para enfrentar los desembolsos de lo que queda de esos meses.
Carlos Otto, de la Asociación de Propietarios de Farmacia, dijo que «lo que venimos solicitando es que (los pagos) sean de manera quincenal», dado que los plazos que se manejan dificultan el desembolso a droguerías y reposición de medicamentos. «Es imposible con estas condiciones», señaló en referencia al impacto inflacionario, ya que «muchas farmacias tienen las droguerías cortadas y pocos remedios. Diría que el 80% de las farmacias, en su mayoría de barrio, no tienen todos los medicamentos». Incluso, indicó que no podía garantizarse la entrega a los afiliados de la OSP. Desde dos farmacias del radio céntrico indicaron que trabajaron normalmente con dichos asociados. Por su parte, Mauricio Barceló, del Colegio Farmacéutico, se limitó a decir que «las farmacias deben actuar en consecuencia con la Justicia».
La postura de la OSP fue esgrimida por Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, en la presentación del amparo y una cautelar para evitar que se suspenda la entrega de medicamentos a alguno de los 150 mil afiliados de la obra social. El juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, le hizo lugar al planteo del organismo que defiende los intereses de la provincia y frenó la medida de las entidades farmacéuticas (ver recuadro).
En el escrito, los abogados del Estado explicaron que la OSP recibió el 30 de noviembre una carta documento de las entidades farmacéuticas, las que reclamaban la falta de pago de la facturación de septiembre y octubre del convenio de pacientes ambulatorios. En ese contexto, detallaron que la obra social se hace cargo del 60 por ciento del valor del medicamento para las enfermedades crónicas y del 40 por ciento para el resto de las patologías, en el caso de los pacientes ambulatorios. Cuando termina el mes, las farmacias, a través de sus dos instituciones intermedias, presentan la facturación de los remedios vendidos, hasta el 10 del próximo mes. De acuerdo al convenio firmado, dentro de los 15 días hábiles a la facturación, se paga el 50 por ciento, mientras que la otra mitad se abona a los 42 días hábiles de presentada las boletas.
Así, Fiscalía de Estado indicó que la OSP le pagó al Colegio Farmacéutico el 50 por ciento de la facturación de septiembre el 25 de octubre y que el resto se abonará antes del 15 de diciembre. En cuanto a octubre, el primer desembolso se hizo el 23 de noviembre y la otra mitad vence el 17 de enero de 2024. Con respecto a la Asociación de Propietarios de Farmacia, el pago del 50 por ciento de la facturación de septiembre se hizo el 23 de octubre y, la otra mitad, vence el 14 de diciembre. En cuanto a octubre, se abonó la primera parte el 13 de noviembre y, el resto, vence el 16 de enero del año que viene. En ambos casos, aseguraron que no deben nada, ya que pagaron lo que corresponde y, lo que falta, está dentro de los plazos del contrato.
No es lo único, ya que Fiscalía de Estado destacó que la obra social informó que «existe disponibilidad de fondos para afrontar los pagos a su vencimiento y esto ha sido comunicado a la nueva gestión». Por eso, las instituciones «deben quedarse tranquilas, que la OSP va a afrontar, dentro de los plazos acordados, sus obligaciones de pago». Es más, resaltaron que lo que reclaman «nada tiene de real y, por ello, la actitud asumida de suspender los servicios que le prestan a los afiliados de la OSP no tiene fundamento legal. Quizás, el problema surge pues las condiciones de cambio de los gobiernos de la Nación y Provincial (…) atemorizan a los propietarios de las farmacias y temen no cobrar los medicamentos que les proporcionen a los asociados de la obra social».
Apelación
Carlos Otto, de Propietarios de Farmacias, dijo que apelarán la resolución del juez Otiñano,
la cual no tiene efecto suspensivo. Tienen cinco días hábiles para hacerlo, el mismo plazo
para contestar la acción de amparo que presentó Fiscalía de Estado.
Fundamentos de la cautelar
El juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, sostuvo en su fallo que, «ante la inminencia de la medida extrema que intentan las instituciones que representan a las Farmacias de San Juan, la respuesta debe ser inmediata, por cuanto está en juego el derecho a la salud». Además, indicó que «la farmacia, en general, presta un servicio de utilidad pública», a la vez que se «la conceptúa como una extensión del sistema de salud, a través de la cual, ciertos productos destinados al arte de curar deben necesariamente ser dispensados al público». Así, señaló que «el medicamento es un bien social básico, siendo obligación del Estado arbitrar los mecanismos que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes, en el caso en particular, respecto de los afiliados a la OSP». Además, valoró el derecho de propiedad de las instituciones, pero tal circunstancia «no habilita una medida de tamaña gravedad y envergadura, cuya magnitud pone en vilo a toda una sociedad».
fuente: diario de cuyo
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