La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmintió el informe del grupo Clarín sobre supuestas mujeres originarias embarazadas en el oeste formoseño que se escondían “en el monte” de las autoridades por miedo a “cesáreas forzosas” o maltratos al momento de dar a luz.
Por tal motivo, el organismo internacional levantó las medidas cautelares otorgadas el 16 de abril a siete de estas mujeres tras una denuncia formulada por el dirigente opositor Félix Díaz y el exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón.
AGENFOR pudo acceder a la resolución que dio a conocer la CIDH donde argumenta que “la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares”.
También, el documento sostiene que “en lo que se refiere a la beneficiaria identificada como X5, la representación informó que perdió a su hijo. Sin embargo, no se aportó información que permita analizar cómo fueron sus circunstancias concretas del proceso de embarazo, más aún cuando el propio Estado ha buscado dar con ella y brindar respuesta a las presentes medidas cautelares».
En ese sentido, el texto del organismo indica que los alegatos de la representación se caracterizaron por ser “de naturaleza general y repetir información previa al otorgamiento de las medidas cautelares”; y agrega: “La Comisión observa en ese sentido, que el marco fáctico que dio origen a las presentes medidas cautelares se ha modificado sustancialmente, y en este momento, para la Comisión, no es posible identificar información concreta y actual que permita sustentar la vigencia de los requisitos reglamentarios en los términos del artículo 25 del Reglamento”.
Asimismo, dice que “la Comisión observa que el Estado ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde”.
Y continúa: “La Comisión observa que la representación no ha brindado soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo”.
En ese marco, “no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”, asegura.
Además, prosigue la resolución: “Si bien la representación ha continuado afirmando que existe “temor”, “amenazas”, “persecución”, entre otros, la Comisión no advierte información concreta respecto de cada una de las 7 mujeres beneficiarias que indique, por ejemplo, una amenaza concreta o sostenida en contra de ellas, o inacción del Estado de brindarles atención médica, o que la atención médica haya sido negada atendiendo su situación actual”.
Y desarrolla: “La información disponible tampoco indica que el Estado se haya negado a brindarles algún tipo de protección en caso de que tales situaciones eventualmente se presenten. Por el contrario, la información disponible indica que las mujeres embarazadas dieron a luz y no se cuenta con elementos que indiquen que hubo hostilidad o agresiones durante el proceso de parto o situaciones similares como las que la representación informaba de manera previa al otorgamiento de las medidas cautelares”.
“En síntesis, atendiendo al análisis previo, la Comisión decide levantar las presentes medidas cautelares», sentencia el escrito.
Operación mediática
Al respecto, y en diálogo con AGENFOR, la fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, expresó: “La CIDH ha resuelto levantar las medidas cautelares que pesaban sobre la provincia de Formosa”.