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Preocupación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este miércoles se conoció que el Gobierno nacional derogó el registro para el suministro de luz en favor de pacientes electrodependientes de dicho conglomerado, que también podría afectar a San Juan. Por este motivo, diputados nacionales de Unión por la Patria, como el caso de Walberto Allende, pretenden modificar la ley que amparaba este beneficio y evitar el recorte.

A través de la resolución N° 330/2024, publicada en el Boletín Oficial, Nación eliminó el registro de electrodependientes y reformuló la normativa relativa a la provisión de la Fuente Alternativa de Energía (FAE), que podían solicitar los usuarios de Edenor y Edesur inscriptos en ese registro.

Esto significa que, si una familia tiene ingresos superiores a la Canasta Básica Total de mayo pasado -828 mil pesos-. Estas medidas afectan a los hogares donde el suministro de energía eléctrica es crucial para la salud de sus habitantes.

La resolución enciende las alarmas en las familias de las 103 personas electrodependientes en San Juan. Entienden que no podrán hacer frente a los costos de los tratamientos. Los equipos están conectados las 24 horas y el gasto energético supera el monto de la Canasta Básica Total.

A pesar de esta noticia, desde el EPRE manifestaron que dichos usuarios están recibiendo el servicio como corresponde y la cobertura al 100%, según conoció este diario.

Momentáneamente, el diputado Walberto Allende conversó con otros legisladores nacionales de Unión por la Patria, como el caso de Daniel Gollán y Carlos Castagneto. Analizan los cabos sueltos de la Ley 27.351 de Usuarios Electrodependientes que haya posibilitado la resolución por parte de la gestión de Javier Milei. Tildaron como sorpresiva la medida de la Secretaría de Energía nacional.

Un proyecto de Unión por la Patria, en marcha

La diputada nacional Cecilia Moreau presentó un proyecto de resolución para solicitar la derogación de la resolución N° 330/2024 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La legisladora dio a conocer los fundamentos de la iniciativa y criticó la medida de la gestión de Javier Milei.

“Es sumamente preocupante la decisión de continuar el recorte a los derechos de los sectores hipervulnerables, como son las personas electrodependientes por cuestiones de salud. Estos consumidores requieren especial protección y la presunción a su favor debe operar de pleno derecho, en concordancia con la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, especialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD)”, indicó la diputada en los fundamentos del proyecto.

“Esta atroz disminución del criterio de exclusión por ingresos deja en descubierto la falta de empatía, además del desconocimiento absoluto de lo que conlleva en cuanto a gastos las demandas de una persona electrodependiente por cuestiones de salud. Desde el Poder Ejecutivo consideran que una familia con ingresos superiores a 828 mil pesos, y con al menos un integrante electrodependiente por cuestiones de salud, cuenta con ingresos de sobra para solventar de su bolsillo la readecuación interna del hogar respecto a las medidas de seguridad y contar con una fuente alternativa de energía (FAE)”, continuó el texto.

Condiciones para solicitar una Fuente Alternativa de Energía:

  • El usuario solicitante debe estar inscripto, no sólo en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, sino también en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y que además debe estar encuadrado en el segmento de menores ingresos (N2) o en el segmento equivalente del esquema que eventualmente reemplace el esquema vigente.
  • Además, agregó una quinta condición (en el inciso 5): “informar un domicilio electrónico constituido en una casilla de correo electrónico para ser notificado por la distribuidora, así como un número de celular o teléfono fijo de contacto”.
  • Estableció que toda notificación enviada a la dirección electrónica indicada por el usuario será considerada fehaciente a los efectos procedimentales.
  • Asimismo, amplió la condición indicada en el inciso 3): además de un escrito –con carácter de declaración jurada– que consigne la patología padecida y las características técnicas del aparato de electromedicina requerido, el usuario debe presentar, si la distribuidora se lo exige, un escrito del propietario de la vivienda, que autorice la ejecución de los trabajos de adecuación necesaria para la conexión de una FAE. El usuario deberá acompañar esta autorización con una copia del contrato de locación y/o del informe de dominio del inmueble.

Reclamo y preocupación de los electrodependientes

La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED) había advertido la semana pasada sobre la intención del gobierno de eliminar este registro.

Mauro Stefanizzi, presidente de la AAED, expresó su preocupación señalando el aumento de rechazos en las renovaciones del registro para electrodependientes que se realizan cada dos años.

“Se están rechazando a numerosos electrodependientes que utilizan respiradores (CPAP) con el argumento de que estos dispositivos ‘poseen una batería externa’. Esto no solo contraviene la ley, sino que además pone en peligro vidas, ya que frecuentemente esas baterías se encuentran completamente descargadas”, alertó Stefanizzi.

También resaltó que la ley garantiza el derecho a una fuente alternativa de energía y un tratamiento tarifario gratuito. La eliminación del registro podría traducirse en cortes de luz debido a la imposibilidad de costear las facturas, exacerbada por los aumentos tarifarios y la falta de atención presencial en el Ministerio de Salud. La AAED ya denunció esta situación, pero, hasta ahora, no obtuvo una respuesta satisfactoria.

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