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«Señoras y señores, se le avisa a toda la gente por favor, que se comuniquen a todos lados, que se va a armar el saqueo acá en San Juan, Caucete. Porque ya la gente se cansó de la pobreza, de todo. Señores, activen. Hagan viral este Whatsapp por favor. Súbanlo al Tik Tok. Señoras y señores, soy María Azcurra». El audio fue claro y disparó las actuaciones de la Policía que en menos de 24 horas había individualizado a la mujer. Incluso, fue trasladada a la Central de Policía a brindar declaraciones. Según indicaron fuentes oficiales, al notificarle que se había abierto un expediente judicial y que quedaba a disposición del Segundo Juzgado de Instrucción, la mujer rompió en llanto y declaró que «todo fue una broma». Algo similar ocurrió con Jonathan Damián Zato, de Pocito, quien, según indicaron las fuentes, a las pocas horas de enviar el audio fue hallado por la fuerza, ante la que dijo que se trataba de «una broma». En el mensaje aseguraba que habría saqueos en dos reconocidos comercios de ese departamento. Por el tercer caso, quedó involucrado un menor oriundo de Concepción, Capital. El joven figuraba como administrador de un grupo de Whatsapp con 249 miembros que se denominó «Loteo 32 Saqueo» e incentivaba a que la gente se reuniera en ese barrio de Rawson para saquear el supermercado de calle Vidart y Superiora. Incluso, dentro del grupo se detectaron mensajes que decían «vamos a tener q hacerle la guerra a la yuta por q se va a re pudrir» (sic).

En una conferencia de prensa que encabezó el secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; el Jefe de Policía, Luis Martínez, confirmó que, «desde un principio, se inicia un trabajo de inteligencia en procura de mantener el orden público y la paz social», tareas que dieron resultado a las 24 horas, ya que las personas fueron individualizadas entre lunes y martes. Además, dijo que los dos mayores «quedaron a disposición del Segundo Juzgado de Instrucción, a cargo de Mabel Moya, vinculados a una causa judicial», mientras que el menor «fue puesto a disposición de la Justicia de Menores». Con los elementos de prueba, la magistrada deberá analizar el grado de participación y si las personas pueden ser detenidas.

De la conferencia también participó el fiscal coordinador de Flagrancia, Pablo Martín, quien estuvo acompañado de su par Virginia Branca. En nombre del Ministerio Público, el fiscal fue claro al indicar que, «en caso de que suceda algún hecho, vamos a ir a fondo». Así, recordó que «el año pasado tuvimos una situación similar y, en aquel momento, fueron dos los hechos: en uno se detuvo a 11 personas y en el otro a 10. En aquel momento, se llegó hasta las últimas consecuencias, logrando condenas, dejando en claro que no hay ningún tipo de posibilidad de medidas alternativas (como suspensión de juicio a prueba) para eventuales saqueos y que se detiene gente en Flagrancia». Como modo de ejemplo, indicó que, «el año pasado, todos los imputados fueron condenados, incluso, a penas efectivas, la mayoría de dos a tres años de prisión, por lo que son penas elevadas. Aquellos que lo tienen pensado hacer, sepan cuál va a ser la consecuencia», advirtió.

Por su parte, Munisaga dijo que «no vamos a escatimar recursos en la prevención. Tenemos preparados los operativos con presencia policial, junto a Fiscalía, para actuar en caso de que estos hechos que se convocan se lleven a la práctica».

Amenaza de bomba

Un hombre de 28 años, oriundo de Santa Lucía, fue detenido ayer por la tarde por la llamada al CISEM 911 alertando sobre bombas en el Centro Cívico, Tribunales y el Hospital Rawson. Las actuaciones quedaron a cargo de la UFI Delitos Especiales.

 

fuente: diario de cuyo

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