La emergencia sanitaria por el coronavirus ha generado que 92 internos del Servicio Penitenciario le pidan a la Justicia provincial el beneficio de la prisión domiciliaria para evitar supuestos contagios del Covid-19. De ese total, unos 73 están presos por haber cometido delitos contra la propiedad (robos y asaltos), mientras que el resto se divide entre condenados por abusos sexuales y homicidios, destacaron fuentes judiciales. Los planteos están en poder de la fiscal Claudia Salica, la que deberá dar su opinión ante el juez Alberto Caballero, quien será el encargado de resolver. Este último manifestó que analizará caso por caso «con un mesurado criterio restringido», es decir, que estudiará la situación en que se encuentran los reclusos, si están en grupo de riesgo, el delito por el que fueron castigados y si es conveniente que permanezcan en sus casas de manera temporal, hasta que finalice la emergencia sanitaria.
Los pedidos de prisión domiciliaria cobraron relevancia luego de que la Cámara de Casación Penal de la Justicia Federal viniera recomendando que se tuviera en cuenta esa situación para los internos que se encuentran en los llamados grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años y los que tienen enfermedades crónicas, como diabetes o hepáticas. De hecho, el máximo tribunal penal del país sacó el lunes una acordada en ese sentido, la cual debe ser tenida en cuenta por los llamados tribunales inferiores, que en San Juan contempla al Juzgado Federal Nº2 y al Tribunal Oral Federal, que son los que investigan y juzgan, respectivamente, a los implicados en delitos de drogas, secuestro, trata de personas y laboral, lesa humanidad y contra la administración pública nacional (Ver aparte).
En el Penal de Chimbas hay unos 1.500 internos y en la Justicia provincial, el seguimiento y el control del castigo de los internos por hechos como robos, abusos sexuales, homicidios y estafas, entre otros, está en manos del Juzgado de Ejecución Penal, el cual está subrogando Caballero, mientras que Salica también actúa como subrogante en la Fiscalía de Ejecución.
Según las fuentes, de los 92 pedidos, solamente tres presos tienen más de 60 años y están condenados por delitos graves: dos por homicidio y uno por abuso sexual. En ese marco, el 90 por ciento de los planteos fueron realizados por internos que tienen entre 30 y 45 años. Además, la mayoría de las solicitudes fueron realizadas por los propios reclusos, en las que no se han detallado las situaciones de emergencia en las que se verían involucrados. Las fuentes también indicaron que el 90 por ciento de los pedidos fueron realizados por reos que cometieron robos y asaltos mientras que el resto está compuesto por homicidas y abusadores sexuales.
El juez destacó que le envió los pedidos a la representante del Ministerio Público Fiscal, quien deberá dar su postura. Si bien el dictamen de Salica no es vinculante, Caballero puede tenerlo en cuenta a la hora de resolver la situación de cada uno de los presos. Este último dijo que analizará caso por caso a la hora de sacar sus resoluciones.
En el Juzgado de Ejecución se encontraba Margarita Camus, quien renunció a fines de febrero. Desde entonces, jueces de primera instancia vienen ocupando el puesto de manera temporal. Caballero estuvo a cargo durante la primera feria judicial extraordinaria y desde el lunes volvió a tomar las riendas. Al igual que la primera vez, sacó una resolución en la que suspendió las salidas transitorias y el régimen de semilibertad como medida preventiva (Ver recuadro).
Suspensión
Como medida de protección y prevención para todas las personas privadas de la libertad a disposición del Juzgado de Ejecución Penal, el juez Alberto Caballero dispuso la suspensión de las salidas transitorias y del régimen de semilibertad (para efectuar trabajos) hasta el 30 de abril. Además, destacó que la medida se puede prorrogar de persistir la emergencia sanitaria. También le pidió a las autoridades penitenciarias que intensifiquen y refuercen el área de sanidad a los fines de asistir a los internos que puedan integrar los grupos de riesgo. En ese marco, solicitó que se extremen los recaudos preventivos de todo el personal penitenciario y que se establezcan medidas restrictivas en el ingreso de personas. Además, solicitó un listado de internos que se encuentren en los grupos de riesgo.
Criterios
Fuentes calificadas dijeron que uno de los criterios que prevalecerá es el del artículo 10 del Código Penal, el cual establece que se dará prisión domiciliaria cuando la cárcel le impida recuperarse a un interno enfermo, cuando el preso padezca una patología terminal o sea mayor de 70 años.
En la Justicia Federal, con la base de Casación Penal, evaluarán caso por caso
El análisis de cada uno de los casos será crucial para que en la Justicia Federal determinen si aprueban o no los pedidos de prisión domiciliaria de los internos bajo su competencia. Así lo confirmaron tanto el fiscal Federal Francisco Maldonado como los jueces del Tribunal Oral Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá. Es que, a causa de la pandemia por el coronavirus, hubo una tanda de reclamos.
Los magistrados federales sanjuaninos están tomando como criterio la acordada que sacó la Cámara de Casación Penal para ver qué preso podrá acceder al beneficio de seguir con su castigo en su casa, hasta que dure la emergencia sanitaria. En ese sentido, Doffo explicó que «a las personas que, según esos criterios, están en los grupos de riesgo les hemos dado la domiciliaria» a lo que agregó que «también hemos rechazado cuando el pedido no presenta ninguna justificación». A su vez, Rattá manifestó que en los casos en que permitieron el beneficio fueron aquellos en los que se trataba de personas adultas con alguna enfermedad. Por otro lado, Echegaray comentó que rechazaron los reclamos de aquellas personas que eran residentes de otras provincias.
Según fuentes judiciales, desde que comenzó la feria judicial extraordinaria en el fuero federal se presentaron alrededor de 30 planteos, de los cuales, unos ocho tuvieron respuesta favorable. Se trata de reos que fueron condenados por delitos vinculados a la venta de drogas.
La Cámara de Casación Penal emitió una acordada con una serie de recomendaciones.
Entre los casos de internos que recibieron el beneficio estuvo el de un preso que sufría diabetes y otro que estaba a 18 días de cumplir su sentencia. Otro parámetro que fijó la Cámara de Casación Penal contempla a aquellos que están privados de su libertad pero no por delitos violentos.
Por su parte, Maldonado dijo que su opinión ha sido de rechazo en todas los casos, debido a que «la circunstancia de la existencia del Covid-19 no implica que haya que aplicar la prisión domiciliaria. No encontré ninguna situación de riesgo extremo».
Todos aclararon que la medida es transitoria, es decir, que cuando termine la feria judicial extraordinaria todos volverán a la cárcel para cumplir con sus castigos.