Claramente es una ley que lesiona la seguridad jurídica, tanto la de ustedes acá en San Juan como la nuestra”, afirmó el diputado riojano Diego Molina al referirse al proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela para declarar la nulidad de los límites territoriales vigentes. Esta normativa, que ya fue aprobada por la Legislatura de La Rioja, busca reabrir la disputa sobre sectores estratégicos del norte sanjuanino, incluyendo zonas de alta productividad minera como el proyecto Josemaría y la reserva de Ischigualasto. A pesar del rechazo frontal de los legisladores de La Libertad Avanza, el bloque está en una notable desventaja numérica, contando apenas con cuatro representantes frente a una mayoría de 32 legisladores oficialistas que impusieron la voluntad del Ejecutivo en el recinto.

En diálogo con Radio Sarmiento, Molina expuso los argumentos por los cuales su bloque se opuso a lo que considera una medida ilegal y autoritaria. El primer eje de su crítica se centró en la violación de la jerarquía normativa, señalando que las autoridades provinciales parecen ignorar los principios básicos del derecho. Al respecto, el diputado sostuvo que se pregunta: “¿Qué hizo un inverso? Una provincia que declara inconstitucional una ley nacional. O sea, la pirámide de Kelsen no leyeron nunca, no le entendieron quizás. Y claramente nosotros estamos en desacuerdo porque lo que más queremos es que vengan inversiones… una ley provincial nunca puede venir a derogar una ley nacional».

Para el legislador, el debate sobre los límites territoriales es una cuestión que carece de asidero legal en la actualidad, dado que el ordenamiento nacional ya ha ratificado la jurisdicción vigente. Molina explicó que esta discusión no debería existir debido a que “la ley 18.004 fijó los límites en su momento y fue ratificado mediante la ley 26939 del digesto jurídico en el año 2014, o sea que la discusión ya no existe. Porque si vos de última querés reer el tema, primero tenés que ir al Congreso y luego en el último de los casos a la Corte Suprema».

Asimismo, el diputado libertario vinculó esta avanzada legislativa con una estrategia de posicionamiento político personal del gobernador Quintela, más que con una preocupación real por el territorio. Según sus palabras, “es una cuestión de marketing, una provincia que recibe dinero y quieren posicionarse a nivel nacional como un opositor al gobierno de Milei. Son medidas marketineras. Esto no representa nada desde lo jurídico legal que ponga en peligro lo que ya se determinó hace años para San Juan».

Molina también advirtió sobre las nefastas consecuencias económicas que este tipo de inseguridad jurídica acarrea para la región, especialmente para una provincia que ya atraviesa dificultades financieras. En ese sentido, subrayó que “el problema es cómo lo ven los inversores, que es el daño que está haciendo. Porque si vos falsificas papel moneda y después pretendés avanzar sobre el límite de una provincia, claramente si bien los perjudica a ustedes también, más nos perjudica a nosotros en default. ¿Quién va a querer venir acá? A él por su insistencia en su carrera política no le interesa absolutamente nada».

Finalmente, el legislador contextualizó la situación social y política de La Rioja, describiéndola como una provincia devastada bajo un régimen que persigue a la oposición. Molina denunció amenazas de suspensión en su contra y un clima de censura generalizada, afirmando que “están sumando y sumando fichas para una intervención federal. Acaban de mandarme un mensaje de una radio que le han cortado la luz porque es una radio opositora. En mi caso, quieren sancionarme y no dejarme ir a las sesiones por lo menos dos meses y lógicamente no pagarme un salario. Es una provincia totalmente empobrecida con sueldos promedios de 600.000 pesos donde la gente realmente está pasando hambre”.

fuente: tiempo san juan