La administración de la intendenta Romina Rosas vuelve a quedar en el centro de la polémica por prácticas que nada tienen que ver con la transparencia que se le exige a la gestión pública. Esta vez la situación alcanza un terreno especialmente sensible: la cultura deportiva de niños y adolescentes, donde los manejos discrecionales afectan directamente a entrenadores, familias y jugadores, en su enorme mayoría menores de edad.

El escenario de los hechos es el Predio Municipal, un espacio concebido hace décadas para fomentar el deporte y la recreación social. Por su propia naturaleza, ese predio debería estar a disposición gratuita de clubes e instituciones que carecen de un lugar físico para entrenar. Sin embargo, lejos de cumplir ese objetivo, se ha convertido en un ámbito donde el acceso se condiciona y se pone un precio, contradiciendo el discurso oficial.

Si bien la intendenta repite hasta el desgaste que el deporte es uno de los pilares de su gobierno, los hechos cuentan una historia diferente. La coparticipación y los ingresos impositivos que recibe el municipio de Caucete le dan margen para planificar obras, mejoras urbanas y políticas sociales, pero esos recursos no se ven en lo que va del mandato de la intendenta Romina Rosas.

Este medio dialogó con nueve grupos y clubes que entrenan en el lugar. Todos coincidieron en un mismo reclamo, pero solicitaron estricta reserva de sus nombres por temor a perder los turnos y el espacio en el Predio Municipal. Ese miedo silencioso es el primer síntoma de una gestión que, en lugar de fomentar el deporte, ejerce presión y control sobre quienes lo practican.

La primera de las irregularidades que exponen es la hostilidad del municipio cuando un equipo recibe camisetas o elementos de entrenamiento de otro espacio político o de un referente que no sea del oficialismo departamental. Profesores y padres aseguran que les hacen saber que “el espacio se lo presta el Municipio, no otros políticos”, generando un clima de condicionamiento y temor permanente.

Esa situación coloca a los clubes en un callejón sin salida: temen aceptar ayuda de otras vertientes políticas y, al mismo tiempo, el gobierno departamental incumple sus promesas. Hay equipos que llevan más de dos años esperando un juego de camisetas solicitado a la Municipalidad de Caucete, sin respuesta alguna, remarcaron los referentes consultados.

Pero hay un hecho aún más insólito que grafica el uso político de los jóvenes deportistas. Un equipo que había recibido elementos de parte del gobierno provincial, relataron, según estos jugadores, que una persona del municipio, les pidió prestados esos mismos elementos para un acto, y que ellos debían estar presentes en dicho acto. Lo increíble ocurrió cuando, en ese evento realizado en un conocido club céntrico, el municipio volvió a entregarlos los elementos como si fueran logros conseguidos por la gestión de Rosas, registrando el momento con fotos y videos que luego se publicaron en las redes oficiales de la Municipalidad. Una madre consultada no salía del asombro: “No lo podía creer”, remarcaron el profesor y una madre de dicho equipo.

La denuncia más grave, sin embargo, es el cobro sistemático que el municipio impone a los equipos. Pese a que el espacio debería ser gratuito, se les exige una “colaboración” de 25 mil pesos mensuales por cada equipo. Con más de treinta equipos estimados, la suma que circula es considerable y su destino es una incógnita.

El mecanismo de pago es cualquier cosa menos transparente. Según relataron los entrenadores, el dinero debe llevarse en efectivo a una conocida ferretería del departamento. Allí se entrega el monto y se otorga una factura que acredita que tal equipo abonó los 25 mil pesos. Luego, cada referente está obligado a publicar ese comprobante en un grupo de WhatsApp administrado por la Secretaría de Deportes municipal, como condición para conservar los turnos de entrenamiento durante el mes, según exponen los equipos y grupos.

La maniobra deja múltiples interrogantes sin respuesta: ¿Cómo ingresa ese dinero a las arcas municipales de forma transparente?, ¿Cómo lo registra la Dirección de Hacienda?, ¿Quién retira los fondos de la ferretería? Y aún más llamativo: ¿Cómo contabiliza ese comercio los pagos si no corresponden a la compra de ningún insumo? No hay trazabilidad alguna y los clubes no han visto que esos depósitos regresen en forma de pelotas, conos o una mínima asistencia.

La consecuencia directa la sufren las familias. “Hay equipos que no pueden pagar y directamente no entrenan en el predio. A veces no nos alcanza ni para una pelota; mandar a los chicos a jugar es mejor que estén en la calle, pero no me parece justo que cobren por tener turnos y que además haya tantos faltantes y poca inversión en las canchas que se entrenan los chicos”, puntualizó una madre. Los entrenadores y padres, en su mayoría a cargo de menores, están agotados de este manejo discrecional que mercantiliza el acceso al deporte infantil.

Esta investigación fue posible gracias al testimonio valiente de entrenadores y padres que se atrevieron a romper el silencio. Por razones fundadas, sus identidades y las de sus equipos se mantienen en reserva para evitar que les quiten el derecho a un lugar digno donde entrenar. Lo expuesto deja al descubierto una trama de opacidad y condicionamiento que, en lugar de construir ciudadanía a través del deporte, utiliza a los más jóvenes como moneda de cambio y los somete a una caja de recaudación difícil de justificar.

POR IVAN PALACIO