Con la sanción del Presupuesto Nacional 2026 a fines de diciembre, el gobierno nacional oficializó un cambio de paradigma en el financiamiento educativo que implica el ajuste más severo de las últimas dos décadas. La inversión nacional en educación quedó fijada en apenas el 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI), una de las cifras más bajas desde 2005, muy lejos del 1,41% que se destinaba en 2023. Este número no solo refleja un recorte en términos absolutos, sino que además confirma la suspensión de la meta del 6% del PBI que establecía la Ley de Educación Nacional como piso de inversión consolidada entre Nación y provincias, afectando directamente a cada provincia.

El dato más alarmante surge de la comparación con el último año de la gestión anterior. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la función «Educación y Cultura» sufrirá una caída real del 47,3% respecto a lo ejecutado en 2023. En términos de poder adquisitivo, esto significa que la Secretaría de Educación afronta 2026 con un 50% menos de recursos que hace tres años, consolidando un ajuste estructural que, a diferencia de ejercicios anteriores, ya no responde a una falta de actualización por inflación sino a una decisión explícita de reducir el tamaño del Estado en el área educativa.

El corazón de la controversia legislativa reside en el artículo 30 de la Ley 27.798, que deroga varias leyes clave que garantizaban pisos mínimos de inversión. La norma elimina la obligatoriedad de destinar el 6% del PBI a educación, anula el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP) y deja sin efecto la senda de crecimiento progresivo para ciencia y tecnología que debía alcanzar el 1% del PBI. Organizaciones como la Federación Universitaria Argentina (FUA) calificaron esta modificación como «una amenaza directa» que deja a la educación y la ciencia «al borde del colapso».

Las universidades nacionales se perfilan como uno de los sectores más castigados. El presupuesto prevé una caída real de entre el 34% y el 40% en las partidas universitarias respecto a 2023, según distintas estimaciones. La UBA emitió un comunicado advirtiendo que el proyecto ratifica los salarios docentes «bajo la línea de pobreza» y no contempla recomposición para gastos operativos ni reanudación de obras paralizadas. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado $7,2 billones para funcionar, pero la asignación oficial quedó significativamente por debajo, manteniendo latente el conflicto por el financiamiento.

En la educación técnica, el ajuste adquiere ribetes de desaparición programática. El FoNETP, que por ley debía representar el 0,2% del PBI, sufrirá un recorte real del 93% en comparación con 2023 y del 67% respecto a 2025. Para 2026 se ejecutará apenas el 3,5% de lo que legalmente le corresponde. Dirigentes gremiales del sector advirtieron que esto implica no solo la falta de insumos para talleres y equipamiento, sino «el riesgo de pérdida de fuentes de trabajo» y un golpe directo a la formación de perfiles productivos para la industria nacional.

Los programas de apoyo estudiantil también evidencian el ajuste. Las Becas Progresar acumulan una caída real del 76,6% respecto a 2023, con una reducción significativa en la cantidad de becarios y el congelamiento de los montos. El programa Conectar Igualdad desapareció por completo del presupuesto, mientras que los vouchers educativos sufrieron un recorte real del 13,5% en comparación con el año anterior. Solo el Plan Nacional de Alfabetización muestra un aumento del 39,3%, con fondos destinados principalmente a la jornada extendida.

Especialistas en educación advierten sobre una paradoja preocupante en el nuevo esquema. Irene Kit, de Argentinos por la Educación, señaló que mientras se reducen drásticamente los fondos para enseñar, formación docente e infraestructura, aumentan las partidas destinadas a evaluación y control. «No doy, pero controlo», resumió la referente, graficando un cambio de rol del Estado nacional que, a partir de 2026, se corre de su función de garante del financiamiento educativo y deja en manos de las provincias —con recursos ya al límite— la sostenibilidad de un sistema que muestra signos de deterioro acelerado.

Este escenario ya se ve en las distintas provincias, donde los paros docentes comienzan a crecer e impulsan distintas medidas para visualizar el malestar del sector. Los gobernadores, tratan de hacer lo posible para lograr generar acuerdos con los docentes, sabiendo que el impacto del recorte a educación a nivel nacional ha golpeado también en las arcas provinciales. Desde inicio de año, en la gran parte del territorio nacional, se vieron medidas de fuerzas por parte de los docentes, desde movilizaciones hasta paro en cada provincia, hasta el momento son 15 las provincias que presentan reclamos, incluyendo a San Juan. El recorte nacional de recursos para los docentes, sumado a la falta de fondos que el gobierno nacional no envía a las provincias, generar inestabilidades en las provincias para afrontar no solo lo salarial de este sector, sino de otros como la industria.

POR IVAN PALACIO 

Fuentes: infobae, Clarín, ámbito financiero, el destape, La Gaceta, Prensa Latina, Tele Sur, etc.