El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensificó los controles sobre las casas adjudicadas que no son habitadas por sus beneficiarios y confirmó que actualmente existen entre 300 y 400 viviendas bajo sospecha de incumplir con la obligación de residencia permanente.

La directora del organismo, Elina Peralta, explicó que la detección surge a partir de denuncias y tareas de seguimiento realizadas por equipos específicos creados para abordar esta problemática. Según detalló, ya se avanzó sobre más de un centenar de expedientes y alrededor de 40 viviendas fueron revocadas en primera instancia, dando inicio al proceso legal para que puedan regresar al Estado.

“Hemos detectado más de 300 casas deshabitadas a través de denuncias, hoy tenemos focalizadas entre 300 y 400”, señaló la funcionaria al describir la magnitud del problema en la provincia.

Desde el IPV indicaron que uno de los principales desafíos es comprobar que las viviendas realmente no están siendo utilizadas como residencia habitual. Para ello, se cruzan distintos datos y evidencias. En muchos casos, los adjudicatarios intentan demostrar ocupación mediante fotografías, mobiliario o pequeñas ampliaciones realizadas en el inmueble.

Sin embargo, los registros de consumo de servicios suelen convertirse en una prueba determinante. Peralta explicó que existen situaciones donde aparentemente la vivienda está ocupada, pero al verificar los medidores se detecta que no registran consumo alguno. “El medidor tiene cero consumo”, ejemplificó sobre una de las irregularidades más frecuentes.

La titular del IPV remarcó que los procedimientos actuales suelen extenderse debido a los plazos judiciales y al derecho de defensa que tienen los adjudicatarios para presentar descargos. Por ese motivo, consideró necesario avanzar en una legislación que permita acelerar los tiempos de resolución.

El objetivo del organismo es recuperar las viviendas que permanecen cerradas para reincorporarlas a futuros sorteos y adjudicaciones, en un contexto donde la demanda habitacional continúa siendo muy alta en San Juan.

Peralta sostuvo que resulta fundamental contar con herramientas legales que permitan evitar maniobras destinadas a conservar inmuebles sin habitarlos y agilizar su reasignación. La funcionaria recordó que cerca de 100.000 sanjuaninos esperan acceder a una vivienda, mientras numerosas unidades permanecen sin uso efectivo.