En una extensa charla, el ministro de Salud de San Juan, Amilcar Dobladez, abordó los principales ejes de su gestión y los retos que enfrenta el sistema público. Con una formación que combina la medicina y las ciencias políticas, definió su enfoque como “analítico y de trabajo en equipo”, recordando que “un cirujano solo no hace nada en un quirófano”. Uno de los puntos más críticos que mencionó fue la reducción de los programas nacionales, que pasaron de 17 a solo 4 desde diciembre de 2023. Esto obligó a la provincia a asumir funciones esenciales, como el programa materno-infantil, el de vacunación, los controles de VIH, sífilis y Chagas, los traslados y diálisis de personas con discapacidad, y la continuidad del programa Incluir Salud. “Eso le cuesta a San Juan entre 1.800 y 2.000 millones de pesos por mes”, detalló el ministro. Pese a ese contexto, destacó avances legislativos y sanitarios. La Ley de Recupero de Costos, la ley de RCP en escuelas y el convenio de cirugía periférica -aprobado con solo dos votos en contra- fueron claves. Este último permitió eliminar mil pacientes de la lista de espera y equipar hospitales del interior con tecnología laparoscópica y de diagnóstico por imágenes. “Eso es llevar justicia social a los departamentos alejados”, subrayó.

En cuanto al sistema de turnos, explicó que el cambio de empresa del 0800 y la incorporación de un bot digital elevaron la entrega de turnos de 18.000 a más de 50.000 mensuales. Sin embargo, reconoció un crecimiento del 33% en las consultas respecto al año pasado. Entre las causas, mencionó el encarecimiento de la medicina privada y la decisión de muchos sanjuaninos con cobertura social de atenderse en hospitales públicos.

La Ley de Recupero de Costos busca precisamente equilibrar ese desfasaje: “Cinco de cada diez pacientes tienen cobertura, pero hay obras sociales que derivan a sus afiliados al hospital y no pagan. Eso es un subsidio que tiene que terminar”, dijo.

Otro logro fue el fortalecimiento del sistema de residencias médicas, que alcanzó una cobertura del 98% de los cargos y duplicó las becas provinciales. Además, se firmó un convenio con la universidad para otorgar reconocimiento académico. La provincia también financia la formación de pediatras en neurología infantil en el Hospital Garrahan, con la condición de que permanezcan en el sistema público.

Sobre la Obra Social Provincia (OSP), destacó la implementación de la receta electrónica, la credencial digital y el acceso al historial clínico a través del Ciudadano Digital. Estas herramientas permitieron detectar y sancionar fraudes: “Expulsamos a doce prestadores que facturaban doble. El afiliado se convirtió en el mejor controlador”.

En materia de licitaciones, aseguró que se eliminó la concentración: “Cuando llegamos, competían tres droguerías; hoy lo hacen más de 25”. La apertura nacional redujo costos y mejoró la transparencia.

El funcionario provincial también se refirió a los problemas estructurales de salud pública, como el dengue -“el mosquito está dentro del domicilio, el control depende de todos”- y la baja adherencia a la vacunación. “La falta de cumplimiento del calendario es temeraria y tiene sanciones”, advirtió.

El sistema de emergencias también fue reformado: se distribuyeron ambulancias de alta complejidad en puntos estratégicos y las quejas por demoras bajaron del 68% al 7%.