La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado Marcelo Arancibia ampliara la denuncia y aportara documentación que, según afirmó, demostraría que funcionarios y responsables de la obra conocían fallas técnicas en las cañerías desde el año 2020. La presentación busca determinar si existieron responsabilidades penales por haber continuado con la ejecución del proyecto pese a las advertencias detectadas en estudios especializados.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, un ensayo técnico realizado en 2020 sobre las uniones de los caños habría detectado problemas en las soldaduras, posibles canales de fuga y dificultades estructurales para soportar la presión del agua. Según Arancibia, si esos resultados eran conocidos por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), deberá investigarse por qué la instalación de las cañerías continuó durante los años siguientes.

La investigación judicial, que se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, analiza además otros informes técnicos que cuestionan la aptitud de los materiales utilizados en la megaobra hídrica. Entre los elementos bajo evaluación figura un estudio difundido en marzo que advertía que las tuberías instaladas no cumplirían con los estándares requeridos para el transporte de agua potable, aunque los fiscales aclararon que todavía resta una pericia oficial que determine la validez de esas conclusiones.

Ese informe generó polémica oportunamente y hasta fue contrariado. Mientras OSSE atribuyó las irregularidaes detectadas a la consultora Interacción, a través de la certificadora Bureau Veritas, la primera emitió un comunicado negando haber sido contratada para verificar el estado de las cañerías y emitir conclusiones al respecto. Además, la firma Krah aportó a la causa judicial un escrito de la certificadora que dice que «las materias primas son no tóxicas y aptas para la conducción de agua potable».

Por la complejidad del expediente y el importante volumen de documentación reunida, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro avanzan en un pedido de prórroga para continuar con las medidas de prueba. La investigación se encuentra en una etapa preliminar y, hasta el momento, no existen imputados formales. Sin embargo, la Justicia deberá definir en los próximos meses si hay elementos suficientes para avanzar con acusaciones o archivar la denuncia.

Causa de vieja data

La causa del Acueducto Gran Tulum surgió a fines de 2025, cuando el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia penal para que se investigaran presuntas irregularidades en la licitación, compra de materiales y ejecución de una de las obras hídricas más importantes de San Juan. La presentación apuntó contra exfuncionarios de la gestión de Sergio Uñac y directivos de empresas vinculadas al proyecto, bajo sospechas de posibles delitos como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y defraudación al Estado. La polémica comenzó a crecer luego de que el oficialismo impulsara pedidos de informes sobre la obra y salieran a la luz datos sobre la utilización y posterior retiro de cañerías instaladas en una primera etapa.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la pérdida de aproximadamente 10 kilómetros de caños que habían sido colocados con financiamiento nacional y luego fueron retirados porque, según informes preliminares, no eran aptos para soportar la presión que requiere un acueducto de agua potable. Desde el actual Gobierno provincial estimaron que esa situación habría generado un perjuicio cercano a los 50 millones de dólares dentro de una obra valuada en unos 200 millones de dólares. A partir de esas revelaciones, la Justicia comenzó a reunir documentación técnica, contable y administrativa para determinar cómo se realizaron las contrataciones y quiénes tomaron las decisiones vinculadas a los materiales utilizados.

La causa tomó aún más relevancia durante este año, cuando distintos informes técnicos difundidos por medios sanjuaninos señalaron que los caños instalados podrían haber sido diseñados para sistemas cloacales o de desagüe y no para el transporte de agua potable. Además, aparecieron cuestionamientos sobre la relación entre la empresa proveedora Krah América Latina y Gustavo Monti, primo del exgobernador Uñac, lo que alimentó las sospechas sobre posibles beneficios indebidos durante el proceso licitatorio. Actualmente, la UFI de Delitos Especiales continúa analizando pruebas, realizando inspecciones en el trazado de la obra y evaluando informes periciales para determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas en la ejecución del proyecto.

fuente: diario 13 sj