Lo expresó la vicepresidenta Gabriela Michetti, en el marco informal de un reportaje televisivo. Luego lo ratificaron los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y de Justicia, Germán Garavano, en un escenario estudiado y por lo tanto más cuestionable.El coro de voces oficiales emite un mensaje preciso y temible: el Gobierno del presidente Mauricio Macri está dispuesto a desconocer las reglas del debido proceso y la división de poderes.
Michetti hizo punta, con estilo coloquial: una división de roles frecuentecomunicación oficial. “El beneficio de la duda lo deben tener siempre las fuerzas de seguridad que ejercen el monopolio de la fuerza que tiene que ejercer el Estado”. La impropiedad del lenguaje no impide advertir una omisión grave: el Estado ejerce el monopolio de la violencia legítima. En criollo: no de cualquier violencia.
Bullrich multiplicó la apuesta aduciendo que “el juez necesitará elementos probatorios, nosotros no: el Gobierno nacional ya ha definido que esto se realizó por una manda judicial. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”. La afirmación es incorrecta y peligrosa. Desconoce las reglas penales vigentes, constituye una amenaza (no velada sino expresa) al juez federal Gustavo Villanueva, encargado de investigarla muerte violenta de Rafael Nahuel quien recibió un balazo estando de espaldas.