Spread the love

Los ocho rugbiers detenidos por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero último en Villa Gesell, esperan que esta semana la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores resuelva sus pedidos para anular sus declaraciones indagatorias, apartar a la fiscal de la causa y hacer cesar las prisiones preventivas en su contra, informaron hoy fuentes de la investigación.

Mientras tanto, los acusados permanecen alojados en la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero, donde están alojados en celdas de a dos en el mismo Pabellón 6, en el que a partir de la expansión del coronavirus pasan un poco más inadvertidos para el resto de los presos, quienes en un primer momento les gritaban e insultaban con mayor frecuencia que en los últimos días.

Una fuente judicial explicó que luego de que la semana pasada se terminó por definir la composición de la Sala I de la mencionada Cámara, en los próximos días la misma ya podría resolver los planteos efectuados por el abogado defensor Hugo Tomei.

Es que el lunes de la semana pasada los camaristas de dicha sala Susana Darling Yaltone y Fernando Sotelo se apartaron de la causa por cuestiones de salud ante la expansión del Covid-19, por lo que fueron reemplazados por los jueces Lía Raggio y Daniel Rezzónico.

Sin embargo, el jueves último, la misma sala, con su restante integrante Luis Defelitto, resolvió finalmente mantener su composición original.

Entonces, los integrantes originales deberán resolver el recurso de apelación presentado por Tomei contra el fallo del juez de Garantías David Mancinelli, quien en febrero último no hizo lugar a su pedido de anular las indagatorias de todos ellos, apartar a la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, y hacer cesar las prisiones preventivas.

A su vez, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, ya emitió un dictamen ante la Cámara en el que sostuvo que el recurso de la defensa debe ser rechazado por «inadmisible».

Mientras que Tomei insistió en que debe dictarse la nulidad de todo lo actuado desde la noche del 19 de enero, el día posterior a la detención de los rugbiers.

Por el crimen, Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20) siguen detenidos en la alcaidía de Melchor Romero.

Fuentes penitenciarias indicaron que tienen dos horas de recreo diarias para salir al patio y que lo hacen los ocho juntos; y que antes de la crisis por la pandemia, los demás internos los insultaban y les gritaban desde las ventanas pero que ahora su presencia pasa más inadvertida.

Los informantes detallaron que los rugbiers no salen al patio en los mismos horarios que los demás internos y que tampoco comparten con el resto de la población el comedor, sino que se llevan sus viandas a sus celdas.

Allí comen los alimentos del penal, más los «refuerzos» que les llevan sus familiares, como tortas, facturas y dulces.

Los parientes no tienen contacto directo con ellos, sólo les dejan la comida y hablan a través de los teléfonos de la alcaidía ya que hasta el momento los rugbiers no registraron celulares en el marco del nuevo protocolo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que ante el coronavirus y la cancelación de las visitas presenciales autorizó el uso de los mismos con determinadas restricciones.

A su vez, otras fuentes de la investigación señalaron que en sus calabozos –que cuentan con puertas ciegas, no con rejas- no tienen televisor, sólo libros; y que reciben contención psicológica de parte del SPB.

En tanto, otra fuente judicial indicó que no han recibido reportes de mal comportamiento o sanciones de parte de los rugbiers; tampoco de malos tratos hacia ellos; y que la defensa no realizó ninguna presentación referida a alguna posible situación de riesgo ante la pandemia.

Por otra parte, los voceros explicaron que en paralelo a las nulidades que debe resolver la Cámara, hay un incidente pendiente en el juzgado de Garantías respecto al pedido de arresto domiciliario efectuado por la defensa de los rugbiers.

Al respecto, la familia de Báez Sosa (18) ya se manifestó públicamente en contra de que les otorguen dicho beneficio a los acusados.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *