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El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación justificó la suspensión del beneficio porque el padre del muchacho «es solvente» al ganar 22 mil pesos por mes, pero no tuvo en cuenta los gastos que requiere la atención del paciente. El reclamo de la diputada nacional por el partido Socialista, Gabriela Troiano.

Una mujer cuyo hijo de 33 años se encuentra cuadripléjico desde que nació denunció que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le quitó su pensión graciable no contributiva de 4.200 pesos que cobraba.

Myriam Coria contó al diario La Capital que la única explicación que le dieron desde el organismo nacional para justificar la suspensión de esa ayuda económica fue que el papá del muchacho, al ganar un sueldo de 22 mil pesos por mes, «es solvente».

«Debido a una mala praxis médica de nacimiento quedó cuadripléjico. La lucha de todos estos años fue dura. El lunes me terminé de desayunar con algo que me partió al medio», remarcó Myriam, a lo que agregó: «Hace quince años que mi hijo cobra una pensión por discapacidad, una pensión graciable no contributiva de 4.200 pesos que paga la Nación».

Coria recordó que al obtener esa ayuda, su hijo fue excluido de la cobertura de la obra social del padre y tuvo que acceder a los servicios del Pami. «Hace dos años que sufro los padecimientos del Pami, pero ese es otro trema. Mi hijo tiene una uresterostomía, que es un agujerito por el que orina al costado del cuerpo. También tiene un botón gástrico que lo ayuda a alimentarse. Además está conectado a una bomba que le pasa líquidos a la panza. Y toma cinco medicamentos de los cuales nos dan 2.500 pesos».

Myriam contó que el lunes se presentó a cobrar como todos los meses y en el banco le anunciaron que no podían pagarle porque no habían llegado los fondos, y por ese motivo le sugirieron que concurra al Ministerio de Desarrollo Social. «Me dirigí hacia allí y ahí me informaron que le sacaron la pensión porque mi hijo tiene un papá solvente».

Myriam admitió que su marido gana 22 mil pesos por mes, pero de inmediato remarcó: «De esos 22 mil pesos, tengo que pagar seis mil de alquiler; 2.600 de energía eléctrica porque tampoco me dan una tarifa social ya que el papá gana más de 10 mil pesos; tenemos una tarifa de gas de 800 a mil pesos. Mi hijo tiene que estar bien calefaccionado para evitar neumonías o bronquitis. Además debo abonar un servicio social porque debo tener una ambulancia por cualquier cosa que suceda. Tengo que pagar pañales. Mi hijo, por la uresterostomía, usa doble pañal. Y Pami reconoce sólo 90. Los otros los tengo que pagar yo. Son 1.800 pesos mensuales de pañales, más toda la medicación que supera los 2.500 pesos. Me quieren explicar ¿dónde está la solvencia del papá?».}

En ese sentido, Myriam sostuvo que su esposo «tiene 13 cirugías de las cuales tres son de columna, la última hace 8 meses y ya no va a poder volver a trabajar y se tiene que jubilar».

Reclamo

La diputada nacional por el partido Socialista, Gabriela Troiano, vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad, se reunió con Javier Ureta, titular de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) para tratar, entre otros temas, la quita de pensiones que están sufriendo familiares de personas con discapacidad (PCD) por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

«Nos reunimos en Conadis fundamentalmente para interiorizarnos sobre en qué consiste el Plan Nacional de discapacidad y para solicitarle a Conadis que tome la defensa de las PCD que en estos momentos están siendo avasalladas en sus derechos ya que se les están quitando las pensiones graciables necesarias para poder llevar adelante tratamientos médicos indispensables para su vida y salud», sostuvo la diputada.

Troiano explicó que la suspensión de las pensiones se está haciendo porque «han reflotado el decreto 432 de 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con invalidez, pero esta resolución carece de sentido porque desde el 2014 tiene rango constitucional la Convención Internacional para personas con discapacidad, que dice que no deberían ser consideradas como señala ese decreto -personas con problemas de pobreza e indigencia- sino que es un derecho adquirido por PCD».

Por otro lado, la diputada socialista manifestó: «Estamos muy preocupados por la situación porque bajo el paraguas de un Plan Nacional de discapacidad se están arbitrando medidas anticonstitucionales que le quitan derechos a las PCD. Estamos recibiendo notificaciones y cartas de todo el interior del país por estos casos de quita de pensiones. Parece que el ajuste viene por las PCD, no es justo ni posible que -por ejemplo- una persona que tenga su cargo una PCD y cobre la jubilación mínima y no pueda trabajar sufra la suspensión de esta pensión graciable indispensable para poder mantener en condiciones dignas a un niño o adulto que tiene a cargo con discapacidad».
TELEFE

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