Con 39 votos a favor y 8 en contra, la legislatura tucumana aprobó la adhesión a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y sensibilización ante lo que implican las violencias machistas para quienes desempeñan una función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado. Tucumán fue la última provincia en adherir a la norma, sancionada por el Congreso nacional en 2018 , que lleva el nombre de Micaela García, la joven que en 2016 fue violada y asesinada en Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
“Celebramos el logro porque es resultado de la lucha y la resistencia de los movimientos feministas, que estamos respondiendo constantemente a las acciones regresivas que ha tenido la provincia”, señaló a Página/12 Fernanda Rotondo, integrante de la red de Abogades del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
El dictamen, que ya contaba con mayoría dentro del bloque oficialista que es mayoritario en Tucumán, presenta una modificación respecto a la Ley original: los encargados de la aplicación y control de la ley serán los titulares de cada poder del Estado y no el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
«Es una forma de fragmentar la implementación y así vaciarla de contenido», señaló Soledad Deza, abogada feminista y referente de Mujeres x Mujeres. Esta decisión «abre el juego a que cada poder del Estado haga lo que quiera con los contenidos de las capacitaciones», advirtió.
“La provincia tiene una larga tradición en el pensamiento retrógrado de sus autoridades. Basta con ver que tenemos un retraso de 18 años en adherir a la norma nacional que garantiza la salud sexual y reproductiva y todavía no hay voluntad política para hacerlo”, afirmó Marieta Urueña Rosso, trabajadora del Poder Judicial tucumano y referente del movimiento Ni Una Menos. Semanas atrás, la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci, con el apoyo de su par Ricardo Bussi, hijo del genocida Domingo Bussi, había presentado un proyecto que se oponía a la adhesión a la Ley Micaela. Otro proyecto , firmado por los legisladores Regino Amado, Sandra Mendoza, Walter Berarducci y Raúl Albarracín proponía el “pleno derecho constitucional a la objeción de conciencia ante la capacitación”.
Albarracín votó en contra de la adhesión a la Ley tras exponer que «la ideología de género tiene fobia al hombre, al matrimonio, a la familia y a la maternidad». El legislador es el mismo que, en 2017, logró que se cancelara debate por la adhesión a la norma que establece el Cupo Laboral Trans, la cual afirmó que consideraba inconstitucional. “No es algo nuevo que en la provincia se cuestionen las leyes nacionales”, advirtió Rotondo, integrante de ANDHES. «Las declaraciones que se hicieron en el recinto –como la propuesta de quitar el término ‘género’ del texto de la Ley- dejan en claro que hará falta una supervisión y acompañamiento de parte de las personas y organizaciones que estén capacitadas en la materia”, añadió.
Mientras comenzaba el debate en la Legislatura, se conoció la noticia sobre un nuevo femicidio en Tucumán, el décimo en lo que va del 2020. «En la provincia tenemos, desde el inicio de la cuarentena, más casos de femicidios que de muertes por coronavirus», señaló Urueña Rosso. «La Ley busca un cambio de visión respecto al tratamiento de las problemáticas de género, un cambio que es necesario y urgente», añadió. La semana pasada el legislador Bussi había señalado, durante una entrevista radial: «no conozco casos de asesinato por condición de mujer».
Durante la jornada, organizaciones feministas y de derechos humanos se movilizaron frente a la Legislatura provincial. “El problema es que quienes estarán a cargo de la aplicación de la Ley no son personas capacitadas como para definir los lineamientos del contenido”, aseguró la referente de Ni Una Menos en Tucumán. «Hay legisladores en el recinto que se presentan como representantes de las Iglesias en lugar de representar a la sociedad. Está claro que no acompañan la lucha del movimiento de mujeres”, detalló.
Fuera del recinto también se presentaron organizaciones antiderechos, entre ellas “Médicos por la vida”, cuyos integrantes colgaron carteles y afiches con mensajes tales como “no queremos una ley que nos adoctrine” y «salvemos las dos vidas”. En este sentido, la abogada Deza sostuvo que “este debate da cuenta de que las cuestiones de género generan grandes resistencias a nivel local y esta Ley es central para empezar a desarticularlas”.