Dom. May 16th, 2021

«Quiero que este sea el punto de partida para que evalúen mi gestión», fue la frase del presidente Mauricio Macri que quedó inmortalizada a fines de septiembre de 2016 cuando el Indec divulgó los datos de pobreza en la Argentina.

En ese momento se supo que el 32,2% de los argentinos vivían en hogares que no lograban reunir los ingresos necesarios para solventar el costo de la Canasta Básica Total y que, por lo tanto, eran pobres.

Se trataba de unos 12,7 millones de personas, según las proyecciones sobre el total de la población. La envergadura del dato relativo al primer semestre de 2016, signado por los despidos, la devaluación y los tarifazos, le ofrecía al gobierno la oportunidad de mostrar una reducción paulatina de ese indicador. Así lo consiguió cuando, un año después, los números oficiales llevaron ese porcentaje hasta un 28,6% luego del 30,6% del semestre intermedio.

Sin embargo, ahora, la dinámica parece haber tomado un rumbo inverso. Es que, si bien el informe de pobreza de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2017 se conocerá recién el 28 de marzo, se acaba de dar a conocer un dato que constituye un insumo clave a la hora de establacer la cantidad de personas que no superan el umbral de la pobreza. Se trata de la medición del valor de la Canasta Básica Total de diciembre de 2017, que fue fijada en $ 16.677 para una familia tipo con dos hijos. O sea que se incrementó un 26,8% con relación al mismo mes del año anterior.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec arrojó como resultado para el mismo período una inflación del 24,8%. La comparación indica que el poder adquisitivo del segmento que no supera la pobreza se deterioró dos puntos más cuando se lo compara con el resto de la población.

Esto, siempre y cuando los ingresos del segmento hayan aumentado en consonancia con la inflación, una meta poco probable en un sector de la población caracterizado por el desempleo, la informalidad laboral y la changa.

Esa situación, además, podría traducirse en la caída en situación de pobreza de un número sensible de hogares que, estando apenas por encima de la línea de vulnerabilidad extrema el año pasado, no hayan logrado incrementar sus ingresos un 26,8 por ciento.

El estudio del Indec establece también el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que determina el umbral de los llamados «pobres indigentes», que alcanzó los $ 6644.

En este caso, sin embargo, el incremento fue del 21,7%, 3,1 puntos por debajo de la inflación oficial.

La diferencia en la evolución de una y otra canasta sirve para sacar algunas conclusiones. Es que, para salir del umbral de la indigencia determinado por la CBA, es necesario reunir los ingresos para hacer frente a las 8479 calorías que necesita una familia tipo compuesta por un varón adulto, su esposa y dos hijos para sobrevivir, mientras que la CBT, a través del llamado coeficiente de Engel, incorpora otros rubros elementales como los servicios básicos de la vivienda.

Es este punto el que explica el defasaje, puesto que, según el IPC Nacional, el ítem Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció durante el año 2017 un 55,6%, muy por encima de la inflación general del 24,8%. También empujaron al alza los rubros salud y educación. Por su parte, el ítem Alimentos y bebidas trepó un 20,4 por ciento.

La dificultad para los más pobres ahora reside en el hecho de que estos ítems que componen la Canasta Básica Total tienen un carácter inelástico. Se trata de bienes y servicios, cuyo consumo no depende de las decisiones que pudiera adoptar una familia sino que son necesidades básicas elementales que deben ser satisfechas taxativamente y no pueden ser reemplazadas por otras. Por esa razón tienen más peso en la CBT. En eso se diferencian de otros estratos de la sociedad que, en última instancia, tienen margen para modificar sus hábitos de consumo, relegando gastos suntuosos o esparcimiento, entre otros gastos.

Esta situación va a tender a agravarse durante 2018, puesto que hay una frondosa agenda de aumentos de tarifas de los servicios básicos y del transporte por encima de las metas de inflación que se fijó el gobierno).