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Las estadísticas sobre pornografía infantil siguen siendo alarmantes en San Juan. La investigación de estos hechos cambió de fiscalía con la aplicación del Sistema Acusatorio Integral en febrero de 2024, pero las cifras llegan a montones. Según aseveró el titular de la fiscalía Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui, se están recibiendo, en promedio, 20 reportes por mes, es decir, uno cada 36 horas.

Los reportes por representaciones sexuales de menores de 18 años, ya sea por imagen o video de los genitales o en situaciones de abuso sexual, llegan a través de la Red 24/7. El trabajo de la red que lucha contra la explotación sexual infantil es posible debido a los alertas emitidos por Facebook y Google. Los casos arriban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de ahí a las fiscalías de cada provincia. Todo es posible por el acuerdo que hay entre la Procuraduría General de la Nación y los ministerios públicos fiscales de cada jurisdicción. Las fiscalías provinciales trabajan mediante la CyberTipline del Ncmec, que es el sistema centralizado con que cuenta la nación para denunciar la explotación infantil en línea.

Desde febrero de este año, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Informáticos y Estafas se encarga de investigar los mencionados casos, así como también aquellos de grooming (ciberacoso a niños). Esto se dio por un cambio producido con la aplicación del Sistema Acusatorio Integral, que significó la investigación de todos los delitos penales por parte del Ministerio Público Fiscal.

En lo que va de este 2024, en San Juan ya hubo ocho condenas por tenencia y distribución de pornografía infantil, según el reporte del Ministerio Público Fiscal. Siete de esas sentencias fueron con prisión en suspenso, es decir,  los imputados fueron condenados, pero obtuvieron la libertad condicional y debían cumplir una serie de reglas impuestas por la Justicia. El único que recibió prisión efectiva hace poco fue el informático, Matías Di Paola.

El caso de Di Paola es particular por la magnitud del mismo. Según el Ministerio Público Fiscal, se demostró que el imputado facilitó 1.494 archivos con imágenes de niños, víctimas de abuso y explotación sexual. Además, destacaron que le secuestraron un disco duro con 30.000 videos y fotos de material de pedofilia, por lo que el juez Guillermo Adárvez lo condenó a cinco años de cárcel. El hombre de 37 años se encuentra con prisión domiciliaria, por disposición del magistrado, ya que la sentencia aún no está firme y puede ser impugnada por la defensa o inclusive la fiscalía, que había pedido nueve años de prisión a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Cabe recordar que, anteriormente, era la fiscalía Anivi que se encargaba de los hechos de pornografía infantil. En ese sentido, desde enero hasta mayo, la unidad fiscal tramitaba aún 231 legajos por pornografía infantil, según las estadísticas del Ministerio Público Fiscal. En tres años que Anivi llevó a cabo la investigación de estos hechos, hubo casi 60 condenas, la gran mayoría con prisión en suspenso.

 

fuente: diario huarpe

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