El fantasma de una deuda en Caucete se cristalizó este mes mediante un oficio judicial que intima a la administración de Romina Rosas, mediante un embargo, a pagar $2 millones antes de que finalice el 2021 por un reclamo iniciado en el periodo que Emilio Mendoza comandaba el municipio.
La deuda se produjo por la prestación de un privado (del que no trascendió el nombre por restricciones judiciales) en el periodo 2003-2007, que fue el último de Mendoza en el cargo máximo del municipio. Esto generó que en el fuero civil avanzara una causa que terminó con el embargo que a inicios de este mes se comunicó, trayendo aparejado inconvenientes administrativos a la intendencia que lidera Rosas.
Justamente la intendenta contó que “debemos hacernos cargo de esta deuda millonario que nos impacta en la planificación del departamento ya que es dinero que deberemos sacar y que lo teníamos pensado para otros asuntos”.
Pero esta no es la primera deuda que debe afrontar la gestión ya que a inicios de este año debieron cubrir más de $6 millones que quedaron impagas de la gestión de Julián Gil y otros $7 millones que aún están bajo análisis del equipo contable para verificar si es legítima o no.
Así fue que desde el Concejo Deliberante se le dio lugar al pago extrajudicial con la compañía que fue la encargada de la construcción del barrio Las Moritas, durante el mandato de Gil con la empresa Senda SRL, a raíz de una deuda de aproximadamente $5 millones. Al momento de la licitación de la obra en el periodo 2015-2019, no se tuvo en cuenta el entramado para la conexión de agua y cloacas en el lugar, por lo que procedieron a realizar modificaciones donde se agregó un nuevo contrato, pero que hasta la culminación de la gestión de Gil, nunca fue saldado.
Por tal motivo, la empresa Senda tenía pensado elevar una demanda contra el Municipio y por eso es que se llevó a cabo. con la autorización del Concejo Deliberante del departamento del Este, un acuerdo extrajudicial en la que desembolsaron $5 millones para a Senda SRL y así evitar poner más dinero en caso que la justicia fallara a favor del privado y así trabar un embargo.
Por todo esto es que el trabajo del equipo auditor de las finanzas del departamento se aceleró para tener el mapa completo de lo que hay que pagar y hacerle frente con la finalidad que no haya nuevos embargos que genere obligaciones inmediatas dictadas por la justicia y afectando recursos que estaban pensado para otros asuntos municipales.
fuente: diario huarpe