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El almuerzo que mantuvieron ayer en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo como marco las renovadas exigencias del FMI, orientadas a bajar el déficit y conseguir reforzar las reservas internacionales.

En el cónclave, del que trascendieron escasos detalles, sí se acordó dar de baja la controvertida ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.

“La ley de alquileres no va más”, afirmaron muy cerca del ministro de Economía, sin dar mayores detalles de cómo sería el nuevo esquema, luego del fracaso de distintos intentos legislativos, sobre todo desde la oposición, para modificar el nuevo régimen que comenzó en 2020.

Para mañana, está previsto el lanzamiento de otra edición del denominado “dólar soja”, con el que Massa intenta conseguir fondos frescos para reforzar las reservas, a cambio de un dólar estimado en $300 para los exportadores.

La noticia trasciende en un momento clave para el mercado de los alquileres sin oferta, alta demanda y precios desmesurados.

El costo del alquiler en la Argentina subió un 245% desde la sanción de la nueva ley de alquileres 27.551, que entró en vigencia el 1 de julio de 2020. En números, un contrato que ese mes se cerraba por un valor de $20.000 hoy se transformó en uno de $69.000.

Desde entonces, el índice de alquileres computa un total de 32 meses consecutivos de crecimiento desde julio de 2020 hasta marzo de 2023. Los datos surgen de un análisis del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano sobre los datos del Banco Central de la República Argentina.

En este conetexto, los especialistas en el sector proyectan que este semestre será el peor en la historia para el mercado locativo. El desalentador pronóstico tiene un motivo claro: el 30 de junio se cumplen tres años de la entrada en vigencia de la ley 27.551 que en plena pandemia dejó en terapia intensiva al mercado, ya que contribuyó a un desabastecimiento en la oferta -a partir de una gran cantidad de propietarios que decidieron volcar los inmuebles a la venta- y un fuerte aumento de los precios de los contratos, por la incorporación del artículo que establece que los ajustes sean anuales en lugar de semestrales (en un porcentaje que establece un índice elaborado por el Banco Central), y que los contratos duren tres años en lugar de dos como antes de junio del 2020.

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