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El último dato que brindó el Indec sobre la canasta básica fue demoledor. Una familia promedio necesitó casi $ 500.000 para no ser pobre, una cifra que triplica el salario mínimo y fija en un escenario muy difícil a la masa de trabajadores no registrados. Mientras tanto, el Gobierno mantiene congelado la remuneración básica, lo cual perjudica los ingresos de más de cuatro millones de personas cubiertas por el sistema de seguridad social.

Las variaciones o congelamientos del salario mínimo, vital y móvil tiene impacto directo en algunas prestaciones sociales y programas que paga el Estado. Por ejemplo, afecta a la definición de montos de las Becas Progresar, el programa Potenciar Trabajo, jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes -ya que sus haberes deberán ser como mínimo equivalentes al 82% del SMVM- y aquellas personas que cobran el seguro de desempleo. Este universo se estima en poco más de 4.350.000 personas, las cuales sufren la parálisis frente a la inflación.

De momento, la Secretaría de Trabajo decidió atrasar su reunión con sindicatos y empresarios directamente para febrero, debido al enfrentamiento del Gobierno con la CGT por la judicializada reforma laboral incluida en el DNU y el consecuente paro con movilización convocado por la central sindical para el 24 de enero. Inicialmente, el secretario de Trabajo, Omar Yasín, había deslizado a fines de diciembre que convocaría al Consejo del Salario Mínimo «a inicios de enero», ante crecientes reclamos sobre la obvia necesidad de un aumento salarial en el contexto de una inflación que terminó siendo del 25%.

A través del acortamiento de la vigencia de las paritarias, los salarios lograron seguir de cerca la inflación durante buena parte de 2023 tras los sucesivos shocks que golpearon la economía. Sin embargo, esto se terminó con el triunfo de Javier Milei y la aceleración de la inflación en el último bimestre, que llevó a que casi la totalidad de los sindicatos llegue en rojo al cierre del año y con un verano oscuro en el horizonte. Según estimó la consultora Ecolatina, la inflación promediará 20% mensual entre diciembre y marzo, y se prevé que el salario real haya caído en torno al 10% solo en diciembre.

Más caro ser pobre

El costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 30,1% en diciembre, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara ingresos por $ 240.678 para no caer en la indigencia.

En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió 27 % el mes pasado, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 495.798 para no caer debajo de la línea de la pobreza. El RIPTE se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses. En noviembre, última publicación disponible, era de $ 447.079,57, por debajo de la CBT. Es decir, ni los trabajadores con mayor estabilidad se aseguran de un ingreso acorde al costo de vida.

Para enero 2023, el salario mínimo (65.427 pesos) representaba el 42,8% de la CBT de aquel momento (152.515) y casi la totalidad de la CBA para el mismo grupo familiar compuesto por cuatro personas (67.187 pesos). Ahora, el mínimo se ubica en 156.000 pesos y representa el 31,4% de la CBT, mientras que para la CBA cubre el 64,81%.

A lo largo de los doce meses de 2023, el costo de la canasta alimentaria acumuló un incremento de 258,2%. Por su parte, la Canasta Básica Total marcó un aumento de 225,1% el año pasado.

El Indec dio cuenta la semana pasada de que la inflación minorista durante diciembre ascendió al 25,5 %, casi el doble que en noviembre, y que el rubro Alimentos y Bebidas mostró una suba mayor al índice general, con un 29,7 %. En tanto, la inflación a lo largo del año pasado alcanzó al 211,4%, el mayor registró desde 1990.

 

fuente: el destape

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