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Los alcances de la resolución de los cortesanos. El papel de la mayoría y el de la eterna minoría de Rosenkrantz. Los razonamientos de la banda de los cuatro para otorgar el per saltum. El lugar que se reserva el Poder Judicial y sus implicancias sobre la salud de la democracia.

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Contrariamente a lo que se esperaba de acuerdo a fallos anteriores, la Corte Suprema admitió el recurso presentado por los tres jueces trasladados a dedo por el macrismo y devueltos a sus posiciones originales por decisión del Senado.

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Al hacerlo, congeló la situación de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, por lo que no pueden ser nombrados sus reemplazantes hasta que la Corte decida la cuestión. Eso claramente mejora en lo inmediato su situación, aunque no significa un pronunciamiento sobre el fondo en debate: si los traslados son legales o no.

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Para ello fija plazos de 48 horas al Consejo de la Magistratura y al Procurador, destinados a acelerar el tratamiento del tema. Sin embargo, la Corte no tiene plazos para su propio trabajo, por lo que si quiere puede demorar su resolución. Si lo hace, habrá transformado un beneficio circunstancial en prácticamente una sentencia, porque los jueces siguen en el lugar que no les corresponde. Se verá en los próximos días o semanas lo que sucede.

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En principio, los tres afectados pidieron licencias, según el consejo que les dio el propio titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por lo que tampoco vuelven a ocupar sus sillones el día de mañana. Otra vez habrá que ver qué pasa si se estira la decisión de la Corte.

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Todos los cortesanos coincidieron en aceptar el per saltum, pero difirieron en sus fundamentos. Por un lado, siempre solo, Rosenkrantz prácticamente anticipa su posición sobre el fondo de la cuestión. Sigue actuando como abogado defensor de los jueces ubicados a dedo por Macri y lo hará hasta el final.

Es más difícil deducir cuál será la posición de los cuatro firmantes del otro voto, que no ofrece pistas sobre la decisión de fondo. Aunque sí se preocupa por dejar claro que son la “mayoría estable de la Corte”, que vienen votando en el mismo sentido desde hace tiempo y que se basan en “precedentes”, lo que daría “previsibilidad” a sus pronunciamientos.

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El argumento que en la óptica de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horario Rosatti justifica la apertura del per saltum, algo extremadamente excepcional, es que si no se hacía corría riesgo “el derecho de toda persona a una sentencia que pueda cumplirse de manera efectiva”. El razonamiento se basa en que se había retrasado el fallo de Cámara y podían sobrevenir resoluciones imposibles de enmendar a posteriori. El otro argumento que esgrimen es que la “gravedad institucional” que requieren los per saltum está dada por la necesidad de definir, para todo el sistema judicial, cuál es el alcance de los traslados de los jueces federales.

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Ninguno de esos argumentos, sin embargo, tiene sentido frente a las sucesivas tomas de posición del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo , del Senado de la Nación, de la jueza de primera instancia y de la Cámara de Casación, que claramente se pronunciaron en sentido contrario a la voluntad de esos jueces.

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Lo que deja en evidencia una de las principales claves del fallo de hoy: La Corte Suprema quiere dejar claro su lugar en el tablero político nacional, marca el territorio. Reclama para sí la potestad de decidir cuestiones evidentemente políticas, en el mismo sentido que lo vienen haciendo los poderes judiciales de todos los países de América latina, en la mayoría de los casos con desgraciadas consecuencias para la participación democrática de sus poblaciones.

El poder más aristocrático de la república hace honor a su historia. En este caso particular, se reserva la definición de los procedimientos de la organización de las diferentes instancias del aparato judicial.

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Aunque la oposición y todos sus medios estén festejando la decisión de la Corte, y aunque el Gobierno guarde por ahora silencio, no está dicha la última palabra. Los sectores más duros de la oposición se quejan porque el tribunal no tomó de una vez la resolución de fondo y sospechan de que finalmente la Corte no permitirá el regreso triunfal de los cruzados de Macri a Comodoro Py.

Es difícil saber si se equivocan, pero la información que durante todo el día salió de los allegados a los cortesanos es que no les fue posible ponerse de acuerdo sobre un fallo de fondo.

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Con un escenario poco transparente (como todo en el Poder Judicial) y la palpable intrusión de los jueces en los territorios de los otros poderes la democracia argentina vuelve a estar bajo tensión.

 

¿Cedieron los jueces a las desembozadas presiones políticas y mediáticas de los últimos días? ¿Temieron por la continuidad de sus amistades o privilegios? Difícil asegurarlo. Pero sí cabe lamentar, como tantas otras cosas producto de esta pandemia, que las grandes mayorías no puedan expresar su posición en las calles, como tan claramente lo hicieron en el caso del 2X1.

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