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En una nueva movida del Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, el Boletín Oficial publicó en la madrugada del martes el Decreto 84/2023, enmarcado en el plan de ajuste estatal, que implica la baja de los contratos de los empleados públicos que ingresaron durante el presente año.

La medida, que afecta a aproximadamente siete mil empleados de diversos sectores gubernamentales, excluye a aquellos en empresas o sociedades estatales, así como a los trabajadores de planta permanente. El Decreto 84/2023 establece que las contrataciones iniciadas a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos específicos, no serán renovadas, abarcando empleados transitorios y otras modalidades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2023.

El presidente Milei y sus ministros, al firmar el Decreto, indicaron que se realizará un relevamiento exhaustivo de los empleados que ingresaron antes de 2023 para evaluar su continuidad. Aquellos cuya renovación sea considerada indispensable deberá ser justificada de manera restrictiva y fundada, limitada a un periodo máximo de noventa días corridos.

El Gobierno justifica esta medida en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, que modificó la ley de Ministerios con el objetivo de racionalizar recursos, obligando a revisar todas las contrataciones efectuadas.

Simultáneamente, el Decreto 77/2023 prorroga la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado, medida implementada por el gobierno anterior en julio de 2022. La prohibición, que inicialmente se extendía hasta diciembre de 2023, ahora se prolonga hasta el 31 de marzo de 2024. Excepciones podrán hacerse para cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones, siempre y cuando estén debidamente fundamentadas y acreditadas por la autoridad superior correspondiente.

Estas decisiones se suman al mega decreto de la semana pasada, que busca desregular la economía. Se anticipa que esta semana, en las sesiones extraordinarias convocadas hasta finales de enero, el Gobierno de Milei presentará un paquete de proyectos de ley que incluirá el congelamiento de salarios de empleados públicos y la posible reducción salarial para algunos de alta jerarquía.

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