En nuestro país, la jornada laboral no puede extenderse de las 9 horas diarias (45 horas semanales de lunes a viernes) o 48 horas semanales para aquellas personas que trabajan de lunes a sábado (seis horas diarias). Esta regulación hace que la Argentina tenga una de las jornadas laborales más largas del mundo. El debate por la reducción de la misma está en la agenda pública en distintos países iberoamericanos y responde a un nuevo cambio de paradigma en el mundo laboral.
La ampliación de los derechos laborales se dio en la Argentina en el contexto del Estado de Bienestar en el primer gobierno peronista. En 1947, el presidente Juan Domingo Perón proclamó los derechos de las/os trabajadores iniciando así una etapa de legislación social general (hasta la época la clase obrera como sujeto político dependía de la pertenencia o no a determinados gremios). Estos nuevos derechos se incorporaron en el artículo 37 de la Constitución Nacional de 1949 (actualmente vigente en el artículo 14 bis convalidado por la Reforma Constitucional de 1994). Se tratan tanto de derechos individuales como colectivos que aseguran el bienestar del sector trabajador (en materia de condiciones, protección, estabilidad para el/la trabajador/a estatal. salario mínimo vital móvil, beneficios de la seguridad social, etc.).
La transformación productiva con equidad es una deuda pendiente en nuestra región ya que la misma fue apropiada por el capital. Esto se evidencia en la distribución del ingreso en nuestro país. Según los últimos datos disponibles de la cuenta de generación del ingreso del Indec (Tercer Trimestre del 2022), se puede observar una caída en la remuneración al trabajo asalariado en detrimento de una mejora del Capital (neto de Impuestos y Subsidios) como se muestra en el siguiente gráfico:
Las experiencias de reducción de la jornada laboral en países europeos como Francia y el Reino Unido han mostrado resultados diversos. En Francia, hay dos leyes que trataron el tema y se puso en vigencia las 35 horas laborales por semana desde 1998. Estas leyes dejaron grises en cuanto a que las empresas negociaran reglas flexibles de trabajo, es decir, una negociación por empresa y no por sector. La promesa era que el capital podría reorganizar el trabajo sin costo y que las/os trabajadores gozarían de más tiempo libre sin pérdida del ingreso. El resultado fue una flexibilización laboral encubierta, las grandes empresas lograron eliminar los tiempos muertos y las horas extras, se fomentó el “multitasking” y la reducción efectiva de las horas terminó siendo muy limitada. A partir del 2002 con la llegada de un gobierno conservador, las empresas que ponían en práctica las 35 horas semanales dejaron de recibir subsidios estatales. Por lo que, para el año 2011, se volvió a trabajar en promedio 39,5 horas según una investigación del mismo gobierno. En conclusión, para las/os trabajadores franceses la reducción de la jornada laboral fue poco beneficiosa.
En cambio, en el Reino Unido la propuesta de trabajar 4 días a la semana tuvo resultados satisfactorios. De una muestra de 61 empresas que se prestaron a participar en una prueba piloto, el 92% decidió conservar este esquema. Dado el avance tecnológico de nuestros días, el aumento de la productividad de las/os trabajadores es inminente. No solo se obtienen beneficios a nivel personal (se reduce el nivel de renuncias, mejora la salud al reducir los niveles de estrés, ansiedad o depresión) sino que se pueden observar externalidades positivas en el conjunto de la sociedad como son:
- Beneficios ecológicos: ahora energético, alivio del sistema de transporte
- Aumento de los niveles de empleo
- Mayor disponibilidad para tareas de cuidado
- Mayor dedicación para la formación y la capacitación
- Mayor ocio, recreación y aumento del bienestar general.
Es decir, esto implica tanto una mejora en la calidad de vida de las personas como beneficios para las empresas. En Argentina, hay proyectos de ley presentados por el Frente de Todos para tratar el tema. En conclusión, es un desafío tanto para el Estado como para las empresas. La cuestión radica en diseñar esta política en conjunto con los sindicatos, regular sin que las empresas realicen una flexibilización encubierta ni que solo beneficie a las empresas que son más competitivas (aquellas que sí puedan invertir en nuevas tecnologías).
Gabriela Cugliari – Lic. en Economía (UBA)