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Los profesionales de la salud mental en San Juan discutieron dos veces puertas adentro el impacto en su sector de la ley ómnibus que propuso el gobierno de Javier Milei. Como resultado, redactaron un documento en el que pidieron no sólo que no haya cambios, sino incluso ampliar el alcance de la ley de salud mental vigente desde 2010. Las discusiones, organizadas por el Colegio de Psicólogos, convocaron además a psiquiatras, especialistas legales, constitucionales, de derechos humanos, pacientes y familiares. Estas conclusiones llegaron a manos de diputados nacionales, a quienes les pidieron transmitir este mensaje en el Congreso donde discuten cambios en 8 artículos, que según los referentes locales modificarán el espíritu y objetos de la norma vigente.

La Ley de Salud Mental se aprobó en 2010 y fue objeto de crítica, ya que sus detractores dicen que impide las internaciones involuntarias y que no mejoró la atención. En contrapunto, sus defensores aseguran que garantiza el trato humano y mejor recuperación de los pacientes. El presidente del Colegio de Psicólogos, Andrés Heredia, contó que como institución no tenían una postura tomada al respecto y decidieron hacer conversatorios con colegas y otros profesionales. A partir de esto, contó, tomaron la decisión de apoyar la norma como está y elevaron un petitorio a legisladores sanjuaninos.

«Nadie echó pacientes a la calle, lo que no podés hacer es retener a personas cuando no lo necesitan». 

Laura Tamarit – Psiquiatra, exdir. Htal. Lanteri

El colegio redactó un comunicado donde rechazan las reformas ya que las consideran «preocupantes por alejarnos del espíritu de la ley 26.657 (la actual)». Además, criticaron que «empodera al Poder Judicial por sobre el equipo de salud». Es que, en el texto propuesto por el Ejecutivo nacional, un juez o un abogado defensor pueden pasar por encima de la opinión de un equipo técnico y decidir que se mantenga la internación, aunque psicólogos y psiquiatras no lo recomienden. Otro de los puntos es que la norma actual protege los puestos de trabajo de los profesionales y esto se elimina en el nuevo texto.

Entre los profesionales que se reunieron con los psicólogos estaba también Laura Tamarit, exdirectora del Hospital Julieta Lanteri, integrante de la Foro Federal de Salud Mental y de la Asociación de Profesionales, usuarios y familiares de la Salud Mental. En diálogo con este medio, la psiquiatra aseguró que la ley en la provincia tuvo un impacto positivo, aunque todavía resta que se termine de cumplir. La institución donde ella trabajó fue una de las que implementaron la externación, con viviendas que estaban fuera del hospital. «Nunca se dejó a pacientes en la calle», dijo. Además, negó que en la actualidad no se pueda internar a alguien de forma involuntaria, ya que siguen existiendo esos casos. «Lo que cambió es que hoy los casos sociales no tienen que estar en manicomios, dejando esas camas para los cuadros agudos», dijo.

«Hacer estos cambios en una ley que nunca se aplicó es como desarmar una PC que nunca nadie prendió».

Andres Heredia – Pte del Colegio de Psicólogos

Para la profesional, los cambios que propone la ley aumentan el riesgo de que haya discrecionalidad de parte de la Justicia a la hora de hacer internaciones, que dependerían sólo de un juez. También dijo que podría saturar el sistema, porque los criterios son tan abiertos que podrían incluir a personas con adicciones, víctimas de abuso o cualquier cuadro psiquiátrico.

La solución que proponen los profesionales es una aplicación total de lo que dice la norma actual, sin las modificaciones que propuso la nueva gestión. Es que según dicen, en los puntos donde falló es porque no se puso en práctica lo votado en 2010. Este es el caso de la creación de «instituciones intermedias, que se hagan cargo de atender casos no agudos, como también de trabajar las condiciones sociales de los pacientes», dijo Heredia. También reclamaron que no se creó el órgano de control que estaba previsto en la ley.

Tras las reuniones, la diputada nacional oficialista Nancy Picón dijo que llevarán estos reclamos a las comisiones que se encuentran tratando la ley ómnibus. Adelantó que conversarán con el gobernador Orrego sobre la postura del bloque en la discusión, pero aclaró que están atentos al pedido de que se escuche a los profesionales de la salud. Por su parte, Jorge Chica, diputado nacional de UxP, también se refirió al conflicto y aseguró que la postura del bloque será oponerse a las modificaciones porque «implican la pérdida de derechos fundamentales».

> Externación en la provincia

El Hospital Julieta Lanteri, antes conocido como Hospital Mental de Zonda, dejó de ser un hospital psiquiátrico para convertirse en uno polivalente, con un equipo interdisciplinario en 2019, adaptándose a la Ley de Salud Mental. En el mismo, uno de los cambios que aplicaron fue la creación de viviendas sociales donde algunos pacientes con tratamiento crónico pueden vivir fuera de la institución. Laura Tamarit, exdirectora de la institución, contó que fue un proceso que «devolvió la dignidad y la alegría a pacientes».

Entre los ejemplos, contó que una mujer que pasó 17 años dentro de la institución debido a que no podía volver con su entorno familiar, consiguió vivir sola gracias a la nueva normativa. «Para ellos es muy importante. El primer fin de semana nos contó que comió huevos fritos, porque era una comida que le gustaba y en el hospital no pueden decidir ni siquiera qué comer. Después, cuando volvió a votar me agradeció y me dijo que ahora se sentía otra vez persona», relató. La paciente ahora puede vivir por sus propios medios, cuando tiene problemas solicita ingresar de nuevo y sigue con su tratamiento y medicación, dijo la profesional.

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