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En las empresas, en la economía doméstica, en el Estado, en la actividad comercial, en las clínicas, en las escuelas y así se podría seguir bastantes líneas más. No hay rubro o actividad que no sea vea atravesada por la incesante inflación en la Argentina, también las relaciones familiares. A partir de este año, con la escalada de precios más fuerte de las últimas 3 décadas, la Justicia de Familia se vio obligada a tomar nota y arbitrar medidas para que los menores de edad de padres separados o divorciados no se vean tan perjudicados a la hora de satisfacer sus necesidades básicas. Las cuotas alimentarias se ajustan ahora con nuevos métodos y bastante más rápido que antes, aunque los mismos magistrados asumen que es casi imposible emparejar la inflación y advierten que todos pierden.

La inflación acumulada en el año trepó en agosto al 80,2% y para peor, no hay nada que indique que vaya a ceder en el corto plazo. El problema es que mientras los precios suben todas las semanas, los ingresos de la gran mayoría de los argentinos no suben al mismo ritmo y el dinero que juntan mensualmente alcanza cada vez menos.

Con las cuotas alimentarias, que es una obligación por ley para cubrir las necesidades de los menores de edad, sucede lo mismo. Si el monto que obligatoriamente debe aportar el padre no se actualiza, no rinde igual a medida que pasa el tiempo y las necesidades básicas de los chicos ya no se pueden cubrir.

El mayor dilema se da en los casos donde el que está obligado a la cuota alimentaria no tiene un trabajo en relación de dependencia y no cuenta con un sueldo fijo (son autónomos, están en negro, tienen un negocio o hacen trabajos temporarios). Si bien se venía aplicando una actualización, se hacía en función del índice de inflación que difunde el Indec y cada 6 meses.

Este año, con proyecciones que indicaban una aceleración de la inflación, el criterio judicial cambió. «Ya a fines del año pasado notamos que nos entraban más pedidos de modificación del monto de la cuota alimentaria y era natural, porque los precios se mueven en forma constante y con la misma plata no alcanza», contó la jueza Marianela López.

Su colega Esteban De la Torre aplica ahora dos criterios. Uno consiste en establecer el pago de un monto fijo y actualizarlo por índice de precios del Indec cada 3 o 4 meses en lugar de 6. El otro es imponer un porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y que el ajuste de la cuota se haga de acuerdo al movimiento que vaya teniendo el mismo, lo que sucede en forma trimestral.

CIFRA: 132.000

Pesos es el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. En diciembre se irá a $156.000.

El juez Gustavo Almirón contó que, en la mayoría de las causas, aplica el SMVM. Es decir, que la actualización se da automáticamente, cada vez que sube ese haber de referencia.

En el caso de López, además de tener en cuenta el SMVM, agregó el índice Crianza (también lo elabora el Indec, valora las necesidades de los chicos y los cuidados personales inherentes a la tarea que cumple la madre) y la actualización de la cuota se hace cada 2 o 3 meses, dependiendo de la periodicidad de publicación del indicador por parte del organismo nacional.

Los tres magistrados remarcaron que fijar la cuota alimentaria «no es una cuestión matemática», porque hay que tener en cuenta la particularidad que presenta cada caso y alcanzar un equilibrio. Según De la Torre, «hay que tener en cuenta el contexto económico y que el dinero alcance para las necesidades de los niños, pero también la situación en la que se encuentra el padre». En el mismo sentido, López agregó: «Hay que fallar según la realidad económica de la familia, no tienen sentido imponer un monto muy alto si para el padre es imposible pagarlo por tener un trabajo precario y cobrar mucho menos».

Los nuevos métodos de cálculo y actualización ayudan a moderar el impacto del descalabro económico nacional, pero no es suficiente. Así lo hicieron saber los jueces consultados.

«Todos se ven perjudicados, porque la solución no llega de inmediato y siempre va detrás de la inflación», aseguró Almirón. De la Torre fue contundente: «Es inviable que todos puedan actualizar todos los meses, porque los ingresos no se actualizan todos los meses, la consecuencia alcanza a todos y es imposible que el niño quede afuera».

Las consecuencias golpean a miles de familias sanjuaninas que ya no tienen a mamá y papá juntos. Para tener una idea, las estadísticas oficiales del Poder Judicial provincial indican que en el fuero de Familia se han tramitado solamente en lo que va de este año 7.337 causas referidas a regímenes de alimentos para hijos.

Menos engorroso resulta cuando el progenitor está en relación de dependencia y percibe un haber fijo. Los jueces siguen disponiendo el pago de un porcentaje, de manera que cuando suba el sueldo mejore el aporte para el mantenimiento de los chicos. No obstante, se sabe que la evolución del promedio remunerativo en el país viene desfasado respecto a la inflación y paulatinamente va perdiendo valor a la hora de asumir los gastos domésticos.

TEXTUALES

Marianela López/ Jueza de Familia

«Es muy difícil poder compensar la inflación y que nadie pierda».

Esteban De la Torre/ Juez de Familia

«Las consecuencias que genera la inflación son devastadoras».

Gustavo Almirón

«Más temprano o más tarde, todos se terminan viendo afectados».

 

fuente: diario de cuyo

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