El sonido de los cascos, la fe y la tradición se vieron opacados este año por una imagen brutal que se viralizó en redes sociales: un caballo con una pata fracturada, agonizando a la vera de la ruta tras caer de un camión improvisado durante la cabalgata a la Difunta Correa. Días después, fue sacrificado. Y este martes, finalmente, la Justicia sanjuanina emitió una condena en el caso que indignó a proteccionistas y vecinos de todo el país.
El responsable del transporte, Javier Lucero, fue condenado a un año de prisión condicional, lo que significa que no irá a la cárcel. La jueza Verónica Chicón también ordenó que el imputado realice tareas comunitarias en el Parque Ambiental Anchipurac y pague cinco cuotas de 20 mil pesos cada una como compensación, sumando un total de $100.000. El destino de ese dinero será la Asociación Civil Asistencia Equina de San Juan, la misma que denunció el hecho.
Lucero, un trabajador jornalero sin antecedentes penales, había aceptado un acuerdo judicial tras una audiencia celebrada a primera hora del martes. La fiscalía, la defensa y la querella —representada por el abogado proteccionista Adolfo López Martí— discutieron los términos que derivaron en esta sentencia. Aunque la parte querellante no fue consultada inicialmente sobre los términos del acuerdo, logró incluir condiciones específicas para garantizar un resarcimiento más acorde al daño causado.
Desde la asociación proteccionista, Rescate Equino, su titular Analía Brizuela expresó una mezcla de alivio e impotencia. «Sabemos que es poco, pero al menos hubo una audiencia, una intervención judicial. Antes ni siquiera eso teníamos. Hoy, al menos, hay una sentencia que reconoce que los caballos también merecen justicia«, dijo.
«Amor mío, no es mucho. pero es lo que pudimos hacer para honrar tumemoria». Analia Brizuela.
«Hoy fue una yegua la que cayó, pero mañana podría ser una persona», advirtió el abogado López Martí, en declaraciones a la periodista Eliana Balmaceda, de Telesol al referirse al peligro de transportar caballos en condiciones totalmente irregulares. El camión implicado era un viejo Chevrolet de los años 70, sin seguridad ni jaula adecuada, con ocho caballos atados en la caja. La yegua cayó, se fracturó gravemente, y pese a los intentos de un veterinario, terminó siendo sacrificada.
Además del juicio, el caso reabrió el debate sobre el transporte de equinos en cabalgatas populares, así como la falta de controles y de legislación efectiva. «No se puede seguir permitiendo que los caballos sean trasladados como bolsas de papa, sin condiciones mínimas de seguridad. Necesitamos una ley que regule esto, antes de que ocurra una tragedia aún mayor«, reclamó López Martí, quien impulsa un proyecto de ley para prohibir la tracción a sangre y regular el uso de equinos en contextos urbanos y de festividades religiosas.
Aunque los pasos judiciales hayan sido lentos y la pena simbólica, el caso dejó una huella. No solo en el cuerpo del animal que ya no está, sino también en la conciencia colectiva de una provincia que comienza, lentamente, a mirar de frente el maltrato animal.
Una voz que no se rindió: la lucha de Analía Brizuela para llevar el caso a la Justicia
La condena judicial no hubiera sido posible sin la persistencia de Analía Brizuela, presidenta de Rescate Equino San Juan, quien desde el primer momento denunció públicamente el abandono y maltrato que sufrió la yegua. Fue la primera en ver el cuerpo del animal y no dudó en iniciar una causa penal cuando todo indicaba que el caso iba a quedar impune.
«Los primeros en actuar fueron los de la comisaría de Vallecito, pero solo iniciaron una contravención. Nada más. No asistieron al animal, ni llamaron a un veterinario. Se lo devolvieron al dueño, en ese estado, para que él decidiera qué hacer. Ahí supe que tenía que intervenir», recordó Brizuela en aquella ocasión.
Fue ella quien insistió, enfrentando un sistema judicial que inicialmente no quería tomarle la denuncia. «Me tuvieron horas, no tenían ni el número de patente del camión, y hasta imprimieron mal la ley que regula el maltrato animal. Pero me mantuve firme. Había un animal muerto, y eso es un delito», denunció entonces.
Para Brizuela, el problema no se limitaba al chofer. «Es una cadena de responsabilidades. La Municipalidad de 25 de Mayo prestó ese camión a la agrupación gaucha, sabiendo que no estaba en condiciones. La Dirección de Tránsito no lo controló. La agrupación ‘La Amistad’ trasladó ocho caballos en ese vehículo precario. Todos sabían que no era apto, y lo usaron igual. El resultado fue esta tragedia«.
Además, señaló deficiencias graves en el procedimiento: «Desde que cayó el animal, ya hubo un mal manejo. La fractura en caballos es mortal y San Juan no está preparado con un hospital veterinario adecuado. Tuvieron al animal horas sufriendo hasta que finalmente, recién por la tarde, lo durmieron como correspondía».
Gracias a su tenacidad, la denuncia ingresó en la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos bajo el oficio 06/25. Desde ese momento, Brizuela siguió de cerca cada paso del proceso judicial, convirtiéndose en una figura clave para que el caso llegara a juicio y concluyera con una condena ejemplar, aunque insuficiente.
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