El Municipio de Caucete, bajo la gestión de la intendenta Romina Rosas, enfrenta una crisis sin precedentes tras la confirmación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de una deuda de $550.162.640 con la distribuidora DECSA. Este monto, resultado de una auditoría técnica exhaustiva solicitada por la propia comuna, cubre consumos de alumbrado público y edificios municipales acumulados desde el 2022.
Pese a la resolución del organismo regulador, emitida a principios de junio, Romina Rosas desconoció formalmente la deuda durante una tensa interpelación en el Concejo Deliberante. Acusando «ataques políticos» y «facturaciones irregulares», la intendenta anunció que judicializará el conflicto: «Pretendemos que se revea el valor de esa deuda. Iremos a la Justicia». Esta postura fue calificada por la oposición como «irresponsable», dado que el EPRE ya invalidó una auditoría municipal previa por «falta de fundamento técnico”.
DECSA, por su parte, agotó todas las instancias administrativas para evitar el desenlace actual. La empresa ofreció múltiples planes de pago a la Municipalidad, aceptados inicialmente por Rosas, pero ninguno cumplido. Con el plazo de 20 días del EPRE para un acuerdo vencido el 10 de julio, la empresa quedó habilitada para acciones legales y cortes de servicio desde el 11 de julio.
Fuentes de DECSA confirmaron a este medio que este 4 de julio se realizará una reunión clave para definir la ejecución de cortes selectivos de energía. Aunque el alumbrado público quedará excluido por razones de seguridad ciudadana, pero los edificios dependientes del Municipio podrían comenzar la suspensión progresiva si lo termina resolviendo mañana la empresa de energía Decsa. La estrategia priorizará inmuebles con «menor impacto social».
La oposición, prepara acciones contundentes, anunció que elevará el caso al Tribunal de Cuentas provincial para investigar la gestión financiera de Rosas y exigir responsabilidades. Los concejales de la oposición expresaron que «Esta deuda la generó la intendenta, y la tenderemos que pagar todos los cauceteros, no corresponde”. El EPRE ratificó que su resolución es «título hábil para ejecución», permitiendo a DECSA cobrar por vía legal los más de $550 millones.
El conflicto revela falencias estructurales: el *80% del alumbrado público* carece de medidores debido a obras no realizadas por el municipio, obligando a estimar consumos con metodologías «propensas a conflictos». Aunque el EPRE propuso un plan de instalación progresiva de infraestructura, la solución llega tarde. Mientras Decsa define qué edificios quedarán a oscuras la próxima semana, Caucete asiste a un pulso que podría dejar su administración en la penumbra financiera y operativa.
POR IVAN PALACIO
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