Este viernes, la Justicia sanjuanina condenó a la empleada de la Residencia Eva Duarte de Perón que estafó a seis ancianos por casi $1.700.000. Se trata de Priscila Lissete Orellano, quien recibió la pena de tres años de prisión en suspenso y zafó de la cárcel. Cabe destacar que, en un momento, estuvo involucrado su padre Gustavo Orellano, también trabajador de la residencia, pero no hubo pruebas contundentes en su contra.
Todas las denuncias fueron realizadas por los residentes del Hogar Eva Perón y a cada uno les han sacado montos, que van desde los $173.500 a los $593.000. En aquel momento, Fiscalía dijo que Gustavo Orellano tenía una prueba crucial. El Jefe de Personal del Hogar se encargaba -entre otras cosas- de custodiar las tarjetas de los residentes. La más complicada es su hija, porque se comprobó que en su cuenta de Mercado Pago tenía cerca de 30 tarjetas de débito vinculadas.
El modus operandi investigado es que estas personas usaban las tarjetas de los jubilados y hacían compras online, extracciones o pagos a servicios como telefonía celular o de internet (Personal Flow).
El fiscal solicitó la prisión preventiva para los dos imputados, que la Investigación Penal Preparatoria sea por el plazo de un año y que queden imputados por el delito de estafa (seis hechos) en concurso real, a Priscila Orellano en calidad de autora y a Gustavo Orellano en calidad de partícipe necesario. Los abogados defensores solicitaron que sean investigados en libertad.
La jueza de garantías Flavia Allende, tras escuchar a las partes, definió imputar a los acusados y dejarlos en libertad con medidas coercitivas: no entorpecer la investigación y someterse al proceso, obligación de presentarse una vez al mes en la Comisaría 30ma, no salir de la provincia sin la debida autorización y prohibición de acercamiento con los denunciantes a una distancia de 200 metros y no comunicarse por ninguna vía.
fuente: tiempo san juan
Todas las denuncias fueron realizadas por los residentes del Hogar Eva Perón y a cada uno les han sacado montos, que van desde los $173.500 a los $593.000. En aquel momento, Fiscalía dijo que Gustavo Orellano tenía una prueba crucial. El Jefe de Personal del Hogar se encargaba -entre otras cosas- de custodiar las tarjetas de los residentes. La más complicada es su hija, porque se comprobó que en su cuenta de Mercado Pago tenía cerca de 30 tarjetas de débito vinculadas.
El modus operandi investigado es que estas personas usaban las tarjetas de los jubilados y hacían compras online, extracciones o pagos a servicios como telefonía celular o de internet (Personal Flow).
El fiscal solicitó la prisión preventiva para los dos imputados, que la Investigación Penal Preparatoria sea por el plazo de un año y que queden imputados por el delito de estafa (seis hechos) en concurso real, a Priscila Orellano en calidad de autora y a Gustavo Orellano en calidad de partícipe necesario. Los abogados defensores solicitaron que sean investigados en libertad.
La jueza de garantías Flavia Allende, tras escuchar a las partes, definió imputar a los acusados y dejarlos en libertad con medidas coercitivas: no entorpecer la investigación y someterse al proceso, obligación de presentarse una vez al mes en la Comisaría 30ma, no salir de la provincia sin la debida autorización y prohibición de acercamiento con los denunciantes a una distancia de 200 metros y no comunicarse por ninguna vía.