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El Senado aprobó este jueves un Régimen Previsional Especial para trabajadores de viñas y para sus contratistas, está también destinado a los obreros de olivares y frutales, siempre que la actividad vitícola sea la principal. Los senadores trataron los proyectos presentados por la legisladora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), que modifican el Estatuto de Contratistas de Viñas y Frutales, para establecer además que la remuneración mínima debe ser abonada en doce pagos mensuales iguales y no en diez, como en la actualidad.

En el país se calcula que hay 25.000 trabajadores de viñas directos y 3.500 contratistas. La sanción de los tres proyectos de la senadora nacional viene a dar respuesta a varios pedidos históricos de este sector de trabajadores.

Por un lado, la sanción en el Senado prevé un Régimen Previsional Especial para Obreros de Viñas y para Contratistas de Viñas para que puedan hacer su retiro jubilatorio de los 57 años. Estipula también que si el trabajador hubiera desarrollado de manera alternada tareas propias de la actividad vitivinícola y otras, se efectúe un prorrateo en función de los límites de edad y servicios requeridos para cada actividad.

“Lo que hacemos es equiparar los beneficios de los trabajadores agrarios a los contratistas y trabajadores de viña. Porque también trabajan en zonas áridas, de sol a sol, en todas las condiciones climáticas, durante todo el año, entonces no hay fundamento justo que los excluya de los derechos laborales de acceder a una jubilación anticipada igual que cualquier trabajador agrario”, explicó Fernández Sagasti.

Por otra parte, se establece además que la remuneración mínima por hectárea y por año definida por la comisión paritaria se abonará distribuyendo el importe en 12 pagos (no en 10, como es actualmente), con sus correspondientes aportes previsionales y beneficios.

“Hay dos meses en el año –marzo y abril- que el contratista de viña no recibe mensualidad, no se le hacen aportes jubilatorios y carece de obra social” detalló la senadora.

 

La legisladora explicó que el 15% de lo que perciben de la cosecha era entendido como sostén para el período sin ingresos, sin embargo “la realidad de lo que pasa en la industria vitivinícola –y en varias relacionadas- es que los productos perecederos son entregados a los elaboradores sin precio, y sin posibilidad de negociar las condiciones del pago”.

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