Este lunes, el gobernador Marcelo Orrego dio de baja los nombramientos y contratos que hizo la gestión anterior en los últimos seis meses. Es una medida que tiene como eje la austeridad en el Estado provincial, a tono con la reducción del 30% de la planta política que aplicó el flamante mandatario. Fuentes oficiales indicaron a este diario que son unas 2.000 designaciones, entre las que figuran dirigentes y familiares de exfuncionarios de la administración que culminó el 10 de diciembre. Habrá un proceso de reconsideración a cargo de una comisión evaluadora.
Las fuentes, en off, dijeron que la medida está impulsada a quitar de la administración pública a «dirigentes, familiares de políticos, excandidatos y militantes» relacionados con la gestión que los precedió y que quedaron efectivos en los últimos seis meses. «La idea no es perjudicar a los empleados que cumplen los requisitos», expresaron. Por eso, según explicaron, la comisión evaluadora estará para reconsiderar a los trabajadores que puedan demostrar el efectivo cumplimiento de sus funciones. «Hay gente que tiene 10 años como contratados y los pasaron a planta hace poco. Esos pueden quedar», ejemplificaron.
Son cinco los puntos basales de la medida de Orrego. Primero la anulación de nombramientos recientes: «Se revocan los actos administrativos que resultaron en nombramientos en planta permanente de la administración pública en los seis meses previos». Segundo, «se invalidan los nombramientos de aquellos agentes que, aunque designados en los últimos nueve meses, no cumplieron con un mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo».
En tanto, en tercer lugar, hay un cese de funciones inmediato: «Los empleados afectados por estas disposiciones cesarán en sus cargos de forma inmediata». El cuarto ítem especifica la anulación de extensiones de contrato: «Se da de baja la extensión de contratos administrativos de servicio de colaboración del año 2023, realizadas por el gobierno anterior». Y el quinto refiere a esas evaluaciones puntuales mencionadas.
El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, informó que la comisión estará bajo su órbita y que hallaron designaciones irregulares en todos los ministerios. «Calculamos 2.000, pero seguimos contando», comentó. Aunque no pudo precisar quién coordinará el trabajo de evaluación porque «es muy reciente». También dijo que con los 10.000 millones de pesos «se pueden hacer muchísimas cosas. Puede ir al gasto social. Lo vamos a necesitar dadas las medidas a nivel nacional».
Gutiérrez aprovechó el acto de jura del nuevo Jefe de la Policía de San Juan, Eduardo Lirola, para responder a los datos que publicó la diputada provincial y exministra de Hacienda, Marisa López. «Ella dice que la situación no es compleja. Pero cada uno evalúa en su casa que la situación no es buena».
Ante la consulta de Tiempo sobre el estado de la economía provincial y su relación con el Gobierno nacional, respondió que «la provincia tiene una gran dependencia a nivel nacional. Lo que le sucede a la Nación, impacta en la provincia. Lo que sucede en la provincia, impacta en la provincia. Por lo tanto, es un doble shock. Es la más afectada».
Además, marcó que faltó información en la transición con López. «Creo que omitió, se olvidó, no sé lo que le pasó. Pero en una situación patrimonial, hubo tiene un activo y un pasivo. Nos han informado el activo. He puesto a la gente de contaduría a que me informe cuál es la situación del pasivo de la provincia». Hizo hincapié en que «la situación financiera, no es buena».
fuente: tiempo san juan