El conflicto por el paro de colectivos en San Juan dio un giro este jueves por la tarde y quedó encaminado hacia una solución. Choferes y empresarios alcanzaron un principio de acuerdo en la audiencia que se desarrolló en la Subsecretaría de Trabajo, por lo que la medida de fuerza quedaría en condiciones de ser levantada.
El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, confirmó y aseguró: «Llegamos a un acuerdo. Todo se resolvió en sede de la Subsecretaría y no en la Justicia».
La definición se produjo después de varias horas de negociación entre los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte, en una jornada que había comenzado con el servicio completamente paralizado y con una audiencia que se extendió durante la tarde.
El entendimiento llegó luego de que el Gobierno provincial recurriera a la Justicia para intentar garantizar la continuidad del transporte público. Durante la mañana, el jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, había informado en Radio Colón que la Provincia había presentado una medida cautelar para que los colectivos volvieran a circular.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, ratificó posteriormente a DIARIO DE CUYO que la presentación había sido realizada ante el Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Héctor Rollán. El magistrado había ordenado que las empresas y los trabajadores cesaran las medidas de fuerza y garantizaran la prestación del servicio.
Incluso, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, había explicado a este diario que, en caso de incumplimiento de la resolución judicial una vez notificada, podían aplicarse multas de un millón de pesos por cada día y derivarse las actuaciones al fuero penal por una eventual desobediencia de una orden judicial.
Sin embargo, el escenario cambió con el avance de la negociación en la Subsecretaría de Trabajo. Marchese remarcó que el entendimiento se alcanzó en esa instancia administrativa y que, por lo tanto, la resolución del conflicto llegó a través del diálogo entre las partes.
El paro había comenzado de manera sorpresiva durante la madrugada del miércoles y dejó a los usuarios sin transporte público en toda la provincia. El reclamo de los choferes está vinculado a una deuda salarial que, según sostiene el gremio, mantienen las empresas.
Desde el Gobierno provincial, Colombo había cuestionado que la disputa entre empresarios y trabajadores terminara afectando a los usuarios y había insistido en que el transporte público es un servicio esencial que debe garantizarse.
También había señalado que tanto el gremio como las empresas debían cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa y había reclamado que la discusión se encauzara por la vía del diálogo.