El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 2280/2026, una iniciativa impulsada por el concejal Emanuel Castro con el propósito de establecer mayor transparencia y reglas claras en la administración de los espacios deportivos municipales y del Centro Deportivo Municipal (CEDEMU). La normativa busca ordenar el funcionamiento de estos predios ante una serie de irregularidades detectadas en su gestión.

La decisión de avanzar con esta ordenanza surgió luego de reiterados intentos fallidos del cuerpo legislativo por acceder a información sobre el manejo de los espacios. El responsable del área de Deportes fue invitado en dos oportunidades a brindar explicaciones ante el Concejo, pero en ninguna de ellas asistió. A esto se sumó la falta de respuesta del Ejecutivo Municipal a tres pedidos de informe presentados formalmente por los concejales, lo que profundizó las sospechas de opacidad.

Frente a ese escenario de silencio administrativo, la nueva normativa fija pautas concretas para garantizar el uso adecuado de las instalaciones. En primer lugar, asegura el acceso gratuito a todas las instituciones deportivas que desarrollen sus actividades en el predio, eliminando cualquier posibilidad de cobro discrecional. Además, dispone que todo aporte económico, sea por patrocinio, alquiler o cualquier otro concepto, deberá formalizarse exclusivamente mediante un convenio y la emisión del correspondiente recibo oficial.

En la misma línea de control, la ordenanza determina que la totalidad de los recursos que eventualmente se recauden deberán destinarse de manera exclusiva al mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas. Para reforzar la fiscalización, se incorporan mecanismos específicos de transparencia que permitirán a la comunidad y a los órganos de control conocer con precisión el origen y el destino de cada fondo.

Con esta herramienta legal, el Concejo Deliberante busca poner fin a un prolongado período de falta de información y garantizar que la administración de los bienes públicos dedicados al deporte se realice con total claridad. La ordenanza, que nació como respuesta a la negativa del Ejecutivo a rendir cuentas, establece ahora un marco de obligaciones que apunta a fortalecer la confianza de los vecinos en el manejo de los espacios que les pertenecen.