La edición 2026 de la tradicional Fiesta Nacional de la Uva y el Vino en Caucete no se realizará este verano. La intendenta Romina Rosas confirmó la cancelación del evento, adjudicando la decisión directamente a la falta de aprobación del Presupuesto municipal para el corriente año por parte del Concejo Deliberante. Según los concejales, el proyecto presentado contiene aumentos significativos que impactarían a los contribuyentes.

En declaraciones radiales, la jefa comunal «culpó» a los ediles: “Lamentablemente, no habrá. No hay presupuesto aprobado y esto es consecuencia y pura responsabilidad que tienen que asumir los concejales”. Sus palabras elevaron la temperatura del conflicto político que atraviesa el departamento desde diciembre, marcando una clara línea de tensión entre el Ejecutivo y el cuerpo deliberativo.

Sin embargo, desde la oposición en el Concejo se cuestiona la versión oficial. Los concejales Franco Buffagni, Ramiro Fernández, Pedro Gómez y Emanuel Castro sostienen que el argumento de Rosas busca ocultar las falencias económicas de su gestión. Señalan, como un punto crucial, que la intendenta aún no ha rendido cuentas del presupuesto recaudado en la Fiesta de la Uva y el Vino 2025, información solicitada en reiteradas oportunidades a lo largo del año pasado por los concejales anteriormente nombrados.

El contexto de la no aprobación del presupuesto añade más capítulos a esta disputa. El proyecto fue presentado por la administración de Rosas a último momento y, en la sesión clave para su tratamiento, los concejales oficialistas se levantaron del recinto. Ante la falta de quórum para darle curso, se decidió postergar su análisis. Pero dicho presupuesto, atentaba con brutales subas de tasas a los cauceteros, que fue el punto de inflexión por parte de los concejales de la oposición.

Así, una celebración emblemática para la identidad y la economía caucetera queda suspendida, poniendo en evidencia la fragilidad de las arcas municipales y la falencia en la gestión de Rosas en los que lleva de mandato. Los críticos al gobierno destacan, además, la paradoja de que la cancelación se ampare en argumentos presupuestarios, cuando durante el 2025 no se ejecutaron obras de envergadura en el departamento que justifiquen un manejo financiero tan restrictivo como para sacrificar el evento nacional más importante del departamento.

POR IVAN PALACIO