La interna del peronismo en Caucete, latente desde las elecciones de 2023, escaló a un nuevo capítulo de tensión pública tras un fuerte descargo de Camila Rosales, secretaria Administrativa del Concejo Deliberante e hija de la excandidata Sonia Recabarren. Rosales denunció sufrir maltrato laboral y presiones políticas, que atribuyó directamente a su falta de alineamiento con el oficialismo municipal que responde a la intendenta Romina Rosas, abriendo una nueva grieta en el ya fracturado bloque político.

Esta fractura se arrastra desde los comicios provinciales, donde Rosas y Recabarren, a pesar de competir bajo el mismo lema «San Juan Por Todos», quedaron enfrentadas tras los resultados. La jefa comunal logró la reelección, pero Recabarren consiguió los votos necesarios para ubicar dos aliados en el Concejo. Desde entonces, esos ediles se sumaron al bloque opositor, provocando que el Ejecutivo perdiera la mayoría y generando una dinámica legislativa crecientemente conflictiva.

Fue en este contexto que Camila Rosales utilizó sus redes sociales para realizar un extenso y emotivo descargo. Relató situaciones de hostigamiento que vinculó a una asesora del presidente del Concejo, José Luis Giménez, y cuestionó duramente el trato recibido por la máxima autoridad legislativa. “La persona que preside el Concejo Deliberante del que formo parte no tuvo consideración. Conmigo, la vara siempre está más alta. La paciencia es menor. La empatía se diluye”, expresó en su mensaje.

En su relato, Rosales vinculó explícitamente estas experiencias con la disputa política municipal, señalando que “la dinámica del Concejo, atravesada por influencias y decisiones externas por parte de la autoridad mayor del ámbito municipal, condiciona los procesos”. Además, apuntó directamente a su situación familiar como origen de las presiones: “Ser hija de alguien que integró otra lista dentro del mismo partido político me dejó expuesta a presiones que no corresponden a mi rol”.

La funcionaria reveló que ya había radicado una denuncia formal hace un año contra la asesora María Alejandra Quiroga, sin haber sido escuchada por el presidente Giménez, a quien acusó de minimizar su situación. Rosales aseguró que los hechos se repitieron y sentenció: “Mi edad no me hace manipulable ni reemplazable; me hace más decidida a no permitir que estas prácticas sigan siendo la norma”, cerrando una publicación que ahonda la crisis política e institucional en el municipio de Caucete.