A cuatro meses de una solicitud formal, los vecinos de Caucete aún desconocen si los vehículos utilizados para servicios esenciales cuentan con la documentación obligatoria para circular. El concejal Ramiro Fernández elevó la voz ante la falta de respuestas del gobierno de Romina Rosas, señalando una demora que calificó como «innecesaria» y que pone en duda el estado real de la flota municipal.

La iniciativa tuvo su origen en una presentación formal realizada en el Concejo Deliberante el pasado 7 de mayo del 2026. En aquella sesión, se aprobó un documento dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal con el objetivo de transparentar la situación de cada una de las movilidades oficiales. Sin embargo, según denunció el edil, el silencio administrativo ha sido la única respuesta obtenida hasta la fecha.

El pedido de informe se sustenta en las facultades de control propias del cuerpo legislativo y en la necesidad imperiosa de garantizar la seguridad vial. El documento subraya que el municipio posee vehículos y maquinarias afectados a tareas críticas como servicios públicos, seguridad y traslado de personas, por lo que resulta indispensable verificar que cumplan con las normas vigentes para su óptimo funcionamiento.

El detalle de la información solicitada es exhaustivo. En primera instancia, se requiere la copia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente de cada unidad, así como las pólizas de seguro, especificando la compañía aseguradora, el tipo de cobertura y la fecha de vencimiento. Esta documentación es la base legal que permite que un vehículo circule sin poner en riesgo a terceros.

Además, el requerimiento avanza sobre la identificación y el estado operativo de la flota. Se pidió al Ejecutivo un listado que detalle dominio, tipo de vehículo y el área específica a la que está asignado. De manera crucial, se exige un informe sobre el estado actual de cada movilidad, indicando si alguna se encuentra fuera de servicio por falta de seguro, falta de RTO u otras causas.

La resolución original fijaba un plazo perentorio de 15 días hábiles para entregar los datos en formato papel. Ante un potencial incumplimiento, el texto ya advertía que el Concejo procedería a interpelar al funcionario de mayor jerarquía del área correspondiente. Ahora, con cuatro meses transcurridos sin novedades, el concejal Fernández remarcó que la paciencia del cuerpo legislativo y de los ciudadanos llegó a su límite, dejando abierta la puerta a acciones más contundentes para destrabar la información.

POR IVAN PALACIO