El Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por jueces subrogantes, iniciará mañana el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en el que hay 36 acusados, 24 víctimas y unos 630 testigos.

El proceso que podría suspenderse por los pedidos de varios de los abogados defensores, está previsto que empiece mañana con la lectura de las acusaciones en ocho causas que fueron acumuladas. El tribunal será presidido por el mendocino Alberto Carelli, quien estará acompañado por su coterránea Paula Marisi y la puntana Gretel Diamante, mientras que la cordobesa Carolina Prado será la cuarta jueza. Los magistrados de otras provincias actuarán subrogando a los jueces sanjuaninos del TOF que se excusaron de actuar. En cuanto a los fiscales, formarán parte del proceso los mendocinos Dante Vega, en reemplazo de Francisco Maldonado, y Fernando Alcaraz, que sostendrán las acusaciones. Los defensores serán siete abogados que defenderán a los 36 acusados de cometer graves delitos de lesa humanidad. Se trata del defensor oficial Esteban Chervin, quien patrocina a la mayor cantidad de imputados, Franco Montes, Sandra Leveque, Eduardo San Emeterio, Gerardo Ibañez, Marcelo Fernández, Antonio Falcón y Carolina Correa. Las causas que se acumularon para el juicio son ocho en las que se investigaron privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y desapariciones, como las conocidas como «Farías», «Ripol» y «Nívoli», además de otras 2 «Policías» e «instructores», que investiga la represión contra los infractores de la Ley 20.840, donde se calcula que hay cerca de un centenar de víctimas. La última causa en incorporarse fue la seguida contra el abogado defensor oficial Juan Carlos Yannello, acusado de no motorizar los habeas corpus que presentaban los abogados de las víctimas y de colaborar con la acción conocida como «blanqueo» de las causas. Entre los 36 acusados, hay ex policías, ex militares y el ex fiscal Yannello, algunos de los cuales ya tienen sentencias de los dos juicios anteriores, algunos con prisión perpetua. Del total de los imputados, hay 18 que están fuera de la provincia y se conectarán por videoconferencia.