El Concejo Deliberante de Caucete descubrió una maniobra administrativa de extrema gravedad, una ordenanza que llevaba la certificación del Ejecutivo Municipal fue incorporada a un expediente oficial con un texto adulterado, diferente al que había sido sancionado por el cuerpo legislativo. La irregularidad no se trata de un simple error de tipeo, sino de la omisión deliberada de un artículo completo, lo que modificó el espíritu de la norma original.

La anomalía fue detectada semanas atrás por los ediles, quienes inmediatamente elevaron un pedido formal de explicaciones al Ejecutivo. Sin embargo, el silencio administrativo ante un hecho de tamaña envergadura institucional obligó al Concejo a dar un paso más drástico. Ante la falta de respuestas se realizó una votación, pedida por el Concejal Ramiro Fernánde, donde se solicita la presencia de la Secretaria de Gobierno, Dra. Leticia Sierra, para desentrañar lo sucedido.

La documentación observada no solo expone una preocupante falla en los controles administrativos del municipio, sino que además siembra serios interrogantes sobre la autenticidad y la cadena de custodia de las actuaciones que integran el legajo. La manipulación del texto parlamentario en un trámite oficial abre la puerta a un escándalo político que trasciende lo meramente burocrático.

Puntualmente, la crisis se desató en el marco del cumplimiento del Despacho N° 18/2026 de la Comisión Especial, aprobado en la Sesión Ordinaria N° 1501 CD/2026 con fecha 4 de junio de 2026. Allí se trató el Expediente N° 501-004474-2022 del Gobierno de San Juan, vinculado a la donación de un terreno a favor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en el Barrio Felipe Cobas.

Al revisar el expediente, la Comisión constató que a fojas 17, 18 y 19 la Ordenanza N° 2218 CD/2024 incorporada no coincide con la original sancionada por el Concejo Deliberante. La verificación confirmó la supresión de un artículo integrante de la norma, una alteración que desnaturaliza la voluntad soberana del legislativo local y que pone en jaque la legalidad del proceso de donación.

Ante esta grave irregularidad, el Concejo exige respuestas contundentes al Ejecutivo. Se le solicitó un informe detallado que explique las razones por las cuales se trabajó sobre un texto que no coincide con la Ordenanza original y que determine fehacientemente el origen de la discrepancia documental. Además, los ediles reclaman saber con precisión cuál es el área, dependencia o funcionario responsable de haber incorporado la ordenanza alterada al expediente administrativo y qué medidas concretas se adoptarán para esclarecer de inmediato la situación.

POR IVAN PALACIO