Un nuevo operativo de la División Rural de la Policía puso nuevamente en el centro de la escena a la familia del exintendente de Caucete, Julián Gil. Los efectivos interceptaron en plena ruta un camión jaula que transportaba ganado bovino y, tras revisar la carga, detectaron graves irregularidades en la identificación de los animales. La investigación dio un giro significativo al confirmarse que la carga pertenecía a Marcial Gil, hermano del exjefe comunal.

Durante la inspección, los policías constataron que varios de los vacunos se encontraban «orejanos», es decir, carecían por completo de marca o señal que acreditara su propiedad. Para aumentar las sospechas, otros animales presentaban caravanas nuevas y recién colocadas, mientras que también se hallaron ejemplares con marcas distintas entre sí. Este último indicio fue considerado por las autoridades como incompatible con un movimiento regular de hacienda.

Ante este panorama de graves irregularidades, la Justicia dispuso una intervención preventiva de la totalidad del ganado hasta este jueves. La medida tiene como objetivo realizar una inspección individual de cada animal para verificar la autenticidad de las señales y certificar su trazabilidad. El procedimiento busca determinar de manera fehaciente si se trató de un traslado legal o si, por el contrario, existen indicios de una infracción a la normativa vigente.

Para garantizar la seguridad del procedimiento, el camión fue escoltado por personal policial hasta la zona de Las Trancas. El lugar fue seleccionado por ofrecer mejores condiciones de iluminación y conectividad, lo que permitió resguardar adecuadamente el transporte y facilitar la continuidad de las diligencias. El vehículo quedó bajo custodia en dicho punto mientras avanzan las investigaciones.

Este no es el primer antecedente policial que involucra a Marcial Gil. Fuentes judiciales recordaron que en un allanamiento previo se le habían secuestrado dos armas de fuego en su vivienda. La existencia de este historial, sumada a las actuales irregularidades detectadas en el transporte de ganado, incrementa notablemente el interés de la Justicia por determinar el origen y la legalidad de los animales intervenidos.