Mientras la Justicia se prepara para definir una nueva etapa en la investigación por las presuntas irregularidades detectadas en el Acueducto Gran Tulum, desde el Gobierno provincial remarcaron que la principal preocupación pasa hoy por conocer el estado real de la infraestructura instalada.

“Lo más importante de corto plazo es saber si la cañería que está enterrada sirve o no sirve, porque el acueducto en algún momento hay que seguirlo, hay que hacerlo, por una cuestión de crecimiento de la demanda de agua potable de la provincia, y el proyecto hay que terminarlo”, sostuvo el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, al referirse al avance de la causa.

Las declaraciones se producen en momentos en que la jueza Mónica Lucero debe resolver el pedido de prórroga de 90 días que presentarán los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro para continuar con la investigación iniciada en diciembre pasado. Según adelantó el propio Achem, la extensión del plazo ya había sido anticipada por los investigadores. “No se va a vencer, ellos han dicho que van a solicitar 90 días más y tiene que ver con los aspectos técnicos de la causa, particularmente con el tema de los caños que se han utilizado y que hoy están en principal discusión”, señaló.

Consultado sobre una eventual prescripción del expediente, el funcionario descartó esa posibilidad y destacó que la documentación requerida por la Justicia fue entregada en tiempo y forma. “Entendemos que no va a haber problemas de prescripción”, afirmó, al recordar que la Provincia digitalizó alrededor de 120 cajas de documentación para ponerla a disposición del Poder Judicial.

En paralelo, la Fiscalía continúa reuniendo elementos de prueba para determinar si existieron irregularidades en la ejecución de la obra durante la gestión provincial anterior. La presentación judicial busca establecer la eventual participación penalmente responsable de exfuncionarios vinculados al desarrollo del proyecto.

Entre las pruebas incorporadas figura un informe técnico elaborado por Industrias Metalúrgicas Jaime en junio de 2020, que analiza el sistema de electrofusión utilizado en los caños de polietileno de alta densidad (PEAD), además de observaciones sobre materiales, resistencias y procedimientos constructivos.

Los investigadores también revisan más de 90 cajas de expedientes provenientes de OSSE y otras dependencias estatales, junto con documentación digital que continúa siendo peritada.

Achem insistió en que, más allá de las eventuales responsabilidades que determine la Justicia, existe una necesidad técnica que la Provincia deberá resolver. “La obra, en términos de ingeniería, hay que terminarla”, afirmó. Y agregó que el debate actual está centrado en una parte específica de la infraestructura: “Lo que está en discusión es la calidad de una parte de los caños. Hay que determinar con certeza, con organismos técnicos especializados, porque estamos hablando de los caños por donde va a circular el agua potable que llegará a todos los sanjuaninos”.

La causa también intenta establecer el impacto económico que generó el retiro de aproximadamente 10 kilómetros de cañerías, una pérdida que desde el Gobierno estiman en alrededor de US$50 millones. La obra completa fue licitada por unos US$200 millones, con financiamiento internacional y aportes nacionales.

Una de las medidas más importantes se concretó el pasado 10 de marzo de 2026, cuando fiscales, peritos, Policía Científica y operadores de drones recorrieron el trazado entre el Dique Punta Negra y la planta potabilizadora de Marquesado para contrastar la documentación técnica con el estado real de la obra.

En Tribunales descuentan que la prórroga será concedida. Si eso ocurre, los fiscales tendrán tres meses más para profundizar las pericias que podrían definir el futuro judicial de una de las obras de infraestructura más importantes y controvertidas de los últimos años en San Juan.

fuente: diario movil