A tres meses de que vecinos del barrio Justo P. Castro de Caucete denunciaran que el agua potable de sus viviendas salía «turbia y con un olor nauseabundo», la Justicia decidió abrir la investigación. La definición la tomó la titular del Cuarto Juzgado Correccional, María Silvina Rosso de Balanza, luego del requerimiento formulado por Juan Manuel Galvez, a cargo de la Fiscalía Correccional Número 3.
En la mira se encuentra el responsable de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) de ese departamento, ya que fue esa delegación la que hizo trabajos en una perforación que llevó problemas en el suministro.
El delito por el que se lleva adelante la investigación es el de presunto envenenamiento y adulteración de agua potable destinada al uso público y al consumo de una colectividad. Según el artículo 203 del Código Penal, cuando el delito sea cometido «por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de cinco mil pesos a 100 mil. Mientras que si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de 6 meses a 5 años». Por lo tanto, la escala penal contempla la excarcelación. El requerimiento fiscal se produjo luego de que Bromatología determinara que seis muestras de agua que se tomaran en seis domicilios del barrio Justo P. Castro y zonas aledañas no son aptas para el consumo. Los vecinos donde se tomaron las muestras, fueron llamados a testificar, al igual que empleados de la planta de OSSE en Caucete.
DdC