La médica con coronavirus denunciada por Salud Pública y los involucrados en el polémico vuelo sanitario que trajo al tercer paciente con COVID-19, Rosa Contreras y Javier Porras, recibieron una buena noticia este jueves tras la decisión del juez Alberto Caballero de concederles la eximición de prisión que habían solicitado.
Tanto la mujer que encarna el cuarto caso positivo de la provincia como los implicados en el traslado del hermano de la reumatóloga permanecen en calidad de imputados en la causa que tiene curso en el Primer Juzgado Correccional. La primera fue acusada por el Gobierno de San Juan en la Fiscalía Correccional por la presunta comisión de delitos en perjuicio de la salud y la administración pública, mientras que los otros dos nombres surgieron de la investigación.
Si bien el fiscal Roberto Mallea se había opuesto al pedido de la denunciada y había recomendado la modalidad de detención domiciliaria, su opinión no era vinculante para el magistrado que finalmente resolvió otorgarle el beneficio ya que se trata de una persona que se prestó a derecho, no tiene antecedentes penales y, en el caso de que finalmente sea hallada culpable de lo que se le achaca, la hipotética pena que recibiría sería de ejecución condicional. Con esos argumentos y bajo caución juratoria (bajo juramento), Caballero consideró procedente la exicmión de prisión.
Por su parte, la infectóloga del Hospital Marcial Quiroga y el coordinador de los vuelos sanitarios también corrieron con la misma suerte después de que el representante del Ministerio Público se pronunciara a favor de lo peticionado. Aunque su opinión tampoco resultaba vinculante para el juez, esta vez hubo coincidencia entre los funcionarios judiciales y quien tuvo la última palabra señaló en su resolución -la primera del proceso que comanda- los mismos argumentos que valieron para la paciente con COVID-19.
Contreras y Porras quedaron en la mira de la justicia luego de que trascendieran los audios de las conversaciones que habían mantenido con la denunciada para traer desde Buenos Aires a su familiar a la provincia en un vuelo sanitario, a espaldas de las autoridades. El viernes 22 de mayo fueron detenidos por las presuntas irregularidades que habrían cometido al hacer uso del avión del Estado para una cuestión particular, sus domicilios fueron allanados y sus teléfonos celulares secuestrados.
El desencadenante había sido la seguidilla de mensajes de voz entre los tres implicados que llegaron de forma anónima a manos del fiscal Mallea. Por considerarlos importantes para la causa, el agente fiscal le pidió al juez que los detuviera y a las pocas horas de haber completado los procedimientos fueron liberados. En el medio hubo protestas de parte de médicos en contra de la orden judicial.
Con esta resolución, los sospechados de la comisión de delitos contra la salud pública evitarán ir tras las rejas durante el proceso, a menos que sus señoría considere lo contrario ante un posible riesgo de fuga. Ahora, lo que resta saber es cuándo se producirán las declaraciones indagatorias de dos de los tres imputados, ya que en el caso de la médica infectada ya confirmaron que se postergará hasta su total recuperación.
En un contexto de pandemia que todavía afecta al fuero penal, el único que no volvió a la normalidad en la cuarentena administrada, y frente a la falta de jueces en los juzgados de instrucción y correccionales, con los protocolos que se deben respetar las testimoniales de la causa se han visto demoradas por las diversas normativas que hay que cumplir.