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Los últimos aumentos en el precio de la nafta y el gasoil no fueron los últimos, habrá más en los próximos meses. Según algunos analistas, aún queda un camino por recorrer para alcanzar la paridad de exportación que buscan las petroleras y que tiene como referencia el equipo de Javier Milei a cargo del área energética. La intención del Gobierno nacional, sumada a otras normas contempladas en el mega decreto y el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso, es que esa desregulación funcione como un incentivo a las inversiones.

Lo cierto es que favorecer a los grandes monopolios con precios internacionales en detrimento de la población en general con la excusa de «atraer inversiones», es un viejo anhelo de las clases dominantes argentinas que sólo aumentó la pobreza y castigó el bolsillo del conjunto, además de demostrar un rotundo fracasó como medida.

La premisa de que los valores internos de combustible alcancen el «export parity» supone igualar lo que reciben en el exterior los exportadores de petróleo crudo con lo que pagan actualmente las refinerías locales. Así lo explicaron fuentes oficiales de La Libertad Avanza que, de todos modos, destacaron que finalizar el «proceso de ordenamiento» puede demorarse hasta el primer semestre de 2024.

Las petroleras aplicaron desde este miércoles un aumento del 27% promedio en los combustibles en todo el país. Luego del último movimiento, los precios acumularon subas de hasta más del 180% pero que en el sector señalan que solo sirvió para recuperarse de los niveles más bajos de la última década lo que, afirman.

Romano Group señaló que la valuación de los combustibles comenzaron a acercarse a sus valores promedio históricos en dólares. «El problema es que con la inflación carcomiendo el poder adquisitivo de los salarios, cada vez cuesta más llenar el tanque. Con un salario mínimo de $156.000 a diciembre el poder de compra es de 222 litros de nafta, un mínimo no visto desde febrero de 2021 cuando habían sido 220 litros», detalló el Head of Research de la consultora, Salvador Vitelli.

Si se toma de referencia los surtidores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, que concentra el 55% de la oferta a nivel nacional, el litro de nafta súper se encuentra en $699 y la premium en 862 pesos. Al tipo de cambio oficial mayorista esos precios implican USD 0,86 y USD 1,06 por litro, pero la industria busca llegar al mínimo de un dólar y 1,2 dólares para alcanzar el nivel internacional. Así lo explicó Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidad de Comercio de Hidrocarburos (Cecha).

Los aumentos que se vienen

Hay cuatro factores que explicarán los nuevos aumentos que se vienen en las próximas semanas: el avance del tipo de cambio oficial que lleva adelante el Banco Central, los biocombustibles con los que se corta el combustible fósil, el atraso de los impuestos a los combustibles y el valor del barril de petróleo crudo que cobran las refinadoras de combustible. Esa dinámica no tiene en cuenta la posibilidad de una nueva devaluación del peso durante el verano.

Un informe de la consultora Economía y Energía previo a la suba de este miércoles había arrojado que los combustibles debían subir otro 45% para recuperar las tres variables mencionadas. Con el aumento del 27%, la recomposición que falta oscila entre un 18% y un 20% adicional para llegar al objetivo de las petroleras.

En la cuenta se contemplaba igualar el precio que reciben en el exterior los exportadores de crudo con los que pagan las refinerías en la Argentina. La brecha que calculó la consultora de Nicolás Arceo obligaba a un incremento del 25 por ciento. En tanto, si se cumple con un crawling peg del 2% mensual hasta marzo habría que sumar un 8% adicional, en base a esta misma cuenta.

El segundo punto es el traslado de la última suba del bioetanol y el biodiesel que se decidió la semana pasada con los que se mezcla la nafta en un 12% y el gasoil en un 7,5%, respectivamente. Allí habrá un impacto del 2% sobre el precio final del surtidor.

El siguiente factor es la actualización pendiente del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Durante el Gobierno anterior el tributo fue congelado para compensar a las empresas por el retraso en los surtidores, por lo que para recomponerse deberían saltar 377 %. Arceo calculó que el Estado dejó de recaudar USD 2.800 millones solo el año pasado mientras que se estima que en casi tres años se dejó de percibir hasta USD 4.500 millones por el mismo concepto.

Tal como quedó plasmado en el mega decreto y el proyecto de ley ómnibus, el equipo de Milei busca una desregulación total del sector para atraer inversiones. En el corto plazo, los aumentos que se vienen no sólo impactarán en los surtidores sino que sumarán presión a la inflación.

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