El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) emitió una alerta urgente tras detectar un esquema de estafa relacionado con el próximo sorteo de 219 viviendas programado para el 23 de julio. Según informó en Radio Sarmiento la directora del organismo, Elina Peralta, se registraron al menos cinco casos donde personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios del IPV y cobran hasta $400.000 a familias vulnerables con la falsa promesa de asegurarles una vivienda en el sorteo.
Los estafadores operan citando a las víctimas en las inmediaciones del Centro Cívico, donde se presentan como representantes del IPV o del gobierno provincial. Para dar apariencia de legitimidad, entregan recibos falsificados con sellos oficiales y logos del organismo. Entre los implicados se habría identificado a una mujer joven que utiliza el nombre «Agustina» y varía constantemente su apellido.
El IPV enfatiza que el proceso de adjudicación se realiza mediante el sistema de bolillero de la Quiniela de la Caja de Acción Social, con estrictos protocolos de seguridad que incluyen el pesaje, medición y precintado de las bolillas, lo que hace imposible cualquier tipo de manipulación. La inscripción al sorteo es completamente gratuita, personal y debe realizarse exclusivamente a través del sitio web oficial del organismo.
Además de este esquema, recientemente se detectó otra maniobra fraudulenta donde se alteraron folletos digitales del IPV, modificando los números de contacto para redirigir llamadas a empleados del organismo que no tenían relación con el proceso de inscripción.
Ante esta situación, el IPV en colaboración con la Asesoría Letrada del Gobierno prepara una denuncia judicial por los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos. Se recomienda a la población desconfiar de cualquier oferta que requiera pagos para participar en el sorteo y verificar toda información directamente en los canales oficiales del organismo. Las personas que hayan sido víctimas de estos engaños o recibido este tipo de propuestas pueden comunicarse con el IPV para realizar las denuncias correspondientes.
Esta situación pone en evidencia la desesperación de muchas familias por acceder a una vivienda, en un contexto donde sólo el 0.2% de los más de 90,000 preinscritos podrán resultar adjudicatarios en el próximo sorteo. Las autoridades insisten en la importancia de seguir únicamente los procedimientos oficiales y alertar sobre cualquier intento de fraude relacionado con los programas de vivienda social.
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