“No hay un beneficio económico en esta decisión y en cambio sí riesgos en el funcionamiento”, aseguró el director del Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), Rodolfo García, luego de que fusionaran el instituto con el Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino). La noticia cayó como un balde de agua fría en la institución cuya cabeza funciona en San Juan. Hoy tienen 40 personas trabajando, cuando supieron ser el doble, y debido a esto tuvieron que redistribuir tareas para seguir funcionando. Para el actual jefe, el mayor riesgo es que reduzcan más la planta, con lo que perderían capacidad operativa. Esperan comunicarse con quienes serán los nuevos responsables, las actuales autoridades del servicio geológico, para saber qué cambios sufrirán y evitar perder las actuales capacidades, que van de monitorear sismos, definir formas de construcción a colaborar con Naciones Unidas.
Hasta el momento en el instituto, que funciona desde San Juan pero cumple funciones en todo el país, no saben cómo será el proceso de fusión. El Inpres era una institución descentralizada, que tenía autonomía técnica, pero dependía administrativamente del Ministerio de Economía. A través del decreto que publicó ayer en la mañana el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, se enteraron de que pasarán a formar parte del Servicio Geológico nacional, que tiene un presidente a nivel Nación. El presupuesto del instituto, que en la actualidad es de 250 millones de pesos anuales, se trasladará por completo a la siguiente dependencia.
Lo que no está claro, explicó García, es cómo ingresará en el organigrama del servicio, si será “una fusión o en realidad una disolución dentro de este otro organismo”. Para el actual director, que tiene una trayectoria de décadas en el instituto y es planta permanente, en el mejor de los escenarios “pasaremos a formar parte con la estructura actual y personal actual del organigrama”. En el peor de los casos, distintas áreas del Segemar podrían absorber funciones del Inpres y trabajadores. Esto podría significar “una pérdida de funciones muy grave”.
Las funciones centrales que tiene el instituto son la de gestionar y mantener la red de detección sísmica de todo el país, estudiar la sismología y los estudios de ingeniería sísmica. De no contar con estos trabajos, explicó García, “hay efectos en el corto plazo, que tienen que ver con no conocer el termómetro de actividad del país, pero también a largo plazo, que tienen que ver con mantener una infraestructura segura”. El Inpres, por ejemplo, trabajó en la Declaración de Impacto Ambiental de proyectos mineros y solicitó, en el caso de Josemaría, que reevalúen la estructura del depósito de colas para que sea más seguro. Esto, explicó, también tiene que ver con “la identidad del instituto, que tiene 80 años de existencia”.
Por eso, explicó el ingeniero, el primer paso a partir de ahora será trabajar con las autoridades del Segemar para conservar el valor actual del instituto. En primera instancia, buscarán conocer cómo se dará la fusión dentro del servicio, ya que no fueron consultados por Nación antes de tomar la decisión. “El único contacto que tuvimos fue informal”, aseguró. Para él, “deberían habernos visitado y podríamos haberles mostrado que es una institución eficiente y austera”, dijo.
Es que el Inpres funciona con fondos limitados, a los cuales no tienen acceso directo, que están alrededor de los 250 millones de pesos anuales. Los fondos están para mantenimiento del edificio, pagar luz, salarios de los 40 trabajadores y sobre todo mantener el costo de la red nacional. El equipamiento que mide sismos en todo el país se compra “desde hace 20 ó 30 años con los convenios que tenemos con el exterior, porque desde acá brindamos información a Estados Unidos, Alemania o Naciones Unidas”, explicó. Tampoco saben qué sucederán con estos acuerdos.
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