Mientras tanto, en la Dirección de Migraciones preparan el documento de expulsión que está avalado por el decreto nacional firmado por el presidente Mauricio Macri (70/2017), quien decidió cerrarle las puertas al crimen organizado (narcotráfico y causas federales) y a los que caen en cualquiera de los actos delictivos que enumera el Código Penal. Así también prohíbe el ingreso de las personas con antecedentes penales al país.
En este contexto, hay dos sujetos, un boliviano y un chileno, en el Servicio Penitenciario Provincial que encuadran en esa situación y que serán expulsados en los próximos días, según adelantó el director de Migraciones, Enrique Delgado.
Como la mitad de la condena se ha cumplido a fines de abril, los procesos se agilizaron las últimas horas. «El proceso de expulsión depende del juez de Ejecución Penal, que es quien firma el pedido para que Migraciones actúe con los papeles. Si el magistrado no está interesado en que el interno continúe cumpliendo la condena en este distrito, se origina el sumario de expulsión», explicó Delgado.