Ante la sospecha de que estuviera haciendo desaparecer documentación comprometedora, detuvieron al secretario general del sindicato de los empleados textiles de San Juan y allanaron su domicilio y la sede de la entidad. Los procedimientos se concretaron en el marco de la causa por la supuesta megaestafa con la venta de viviendas del frustrado barrio del gremio. En el caso también está involucrado el empresario encargado de la obra, que ahora se encuentra prófugo.
Roberto Vega, jefe local de la Unión Obrera Textil, fue apresado el sábado último en su coqueta casa en el barrio que lleva el mismo nombre del sindicato, en Rawson. Los policías de la Brigada de la UFI Delitos Informáticos y Estafas también allanaron el domicilio del empresario Miguel Ceferino Aciar, titular de la firma DGA Construcciones, aunque a este no lo encontraron. Tampoco estaba en su empresa. Por esta razón, la jueza de garantías Celia Maldonado lo declaró prófugo y ordenó que el pedido de captura en su contra sea insertado en el orden del día de la Policía de San Juan y se libraran comunicaciones a las otras fuerzas de seguridad del país para que lo busquen.
La causa es investigada por el fiscal Duilio Ejarque, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. A los dos se los señala como las caras visibles de la construcción del barrio Textil II, proyecto que nunca se puso en marcha. Sin embargo, las denuncias señalan que Vega y Aciar comenzaron a vender las carpetas a futuros adjudicatarios en 2022 a un valor de aproximadamente 1.500.000 pesos, precio que luego se fue actualizando de acuerdo a la inflación.
Muchos interesados decidieron invertir en ese complejo habitacional, pero desconocían que había problemas con el terreno donde planeaban levantar el barrio. Aun así, el gremio y la constructora continuaron comercializando las viviendas. Por ejemplo, en 2024, una familia pagó la cifra 8.000.000 millones de pesos por una de esas carpetas.
Lo cierto es que el contrato no establecía plazos de entrega, pero la promesa era que en 2023 debían ponerse en marcha las obras. Nada de eso ocurrió. Por el contrario, ese año el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) intimó al gremio y a la constructora para que completara la documentación para aprobar la factibilidad del proyecto, en especial por la situación legal del terreno, explicaron fuentes judiciales.
Lo que se determinó en ese entonces fue que la propiedad continuaba perteneciendo a una persona de apellido Fernández. Al parecer, no llegaron a un acuerdo por la venta y la operación no se concretó. En definitiva, el IPV dio por caído el proyecto de viviendas del gremio de los textiles, revelaron los denunciantes y fuentes judiciales
En el medio, fuentes judiciales estiman que un total de 150 familias quedaron a la deriva, pues no hay promesa de que el proyecto se reactive o que les devuelvan todo el dinero invertido. Hasta lo que se sabía, había 48 denuncias en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Ahora, el sindicalista Roberto Vega se encuentra preso en un calabozo de la Comisaría 36ta de Rawson, mientras que el empresario de la construcción Miguel Ceferino Aciar es buscado en calidad prófugo.
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