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El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los capítulos que integran la Ley Bases, fue el único punto que todos los diputados sanjuaninos votaron por el sí, incluidos los tres del peronismo. En las voces empresariales hay un punto que se repite: tanto las empresas mineras como los proveedores acuerdan que es necesaria una medida para estabilizar las reglas del juego. Quienes mostraron “sentimientos encontrados” fueron parte de los empresarios que venden servicios y bienes a la industria. Es que si bien consideran que es un avance muy esperado, temen que pueda plantear una situación de competencia desleal con las pymes locales. Mientras tanto, se habla de que este cambio podría destrabar alguno de los proyectos de cobre de la provincia.

Este régimen plantea que todas las empresas que hagan inversiones de 200 millones de dólares o más tendrán beneficios fiscales especiales. En este punto, puede servir a las inversiones mineras que hay en la provincia, que en el rubro de cobre, oro y otros metales prometen montos mayores. Entre las condiciones favorables, incluye que no pagarán Ganancias, estarán exentos de impuestos de importación, impuestos provinciales y tasas municipales, entre otros. Estas condiciones y también la prohibición de aumentar alguna de las tasas existentes se extenderán por 30 años. Los beneficios de este artículo alcanzan a los proyectos mineros, por lo que desde este sector se mostraron de acuerdo con la medida. Para los empresarios consultados, que haya beneficios y también estabilidad en las reglas del juego, impulsará a los inversores y esto podría poner en marcha, en el corto plazo, nuevos proyectos metalíferos.

Las empresas mineras son las que primero salieron a hablar a favor del RIGI, desde que se presentó la propuesta en la primera versión de la Ley Bases. Ricardo Martínez, presidente de la Cámara Minera, recordó que las condiciones planteadas en el régimen son similares a lo que se pedía en la Ley de Inversiones Mineras. Para el empresario, este proyecto implica “dar estabilidad impositiva donde el que traiga capital pueda pagar el crédito que le dieron”, dijo en una entrevista al propio medio de la cámara.

De parte de los proveedores mineros, la posibilidad de que se impulsen proyectos es positiva. Con la preocupación de que en San Juan hace más de 10 años que no abre una nueva mina metalífera, dijeron que darle impulso a las inversiones podría destrabar el techo actual y mejorar la situación de la provincia y las comunidades. Juan Pablo Delgado, presidente de la Casemi, dijo que hoy es necesaria la llegada de nuevos proyectos porque “el nivel de trabajo no es el que todos deseamos, el único proyecto activo es Veladero”. Por eso, si bien dijo que el RIGI no apoya específicamente las problemáticas de los proveedores, “es necesario tener nuevas inversiones para poder operar y trabajar”.

Fernando Godoy, de Caprimsa, se mostró más cauto y dijo que tienen “sentimientos encontrados” con el RIGI como está planteado en la actualidad. “Necesitamos una ley así, porque esto es lo que necesitan las grandes empresas para invertir y nosotros necesitamos de ellos para trabajar, pero mi pregunta es cómo nos ubicamos nosotros como pymes”, reflexionó. Para el proveedor minero, será necesario que el Estado intervenga y dé las garantías para que no exista una competencia desleal entre los actores mayores y las empresas locales, que seguirán pagando todos los impuestos.

> Impacto tributario

La ley que envió al Congreso el Ejecutivo nacional, que a principio de año se conocía como Ley Ómnibus, consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados y llegará al Senado la próxima semana. Esto quiere decir que tiene medio camino recorrido en el Poder Legislativo. La ley, además de impactar en el sector privado, también reduce la recaudación estatal. En el texto, el RIGI impide cobrar impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Además, dispone “la invalidez de cualquier norma preexistente que sea contraria” al incentivo a las inversiones. En el caso de San Juan y la minería, si bien el RIGI prohíbe cobrar Ingresos Brutos, esto ya no sucedía, ya que todas las actividades primarias están exentas de este impuesto local. En los municipios tampoco habría tasas directas a las empresas operadoras. En cuanto a su impacto en regalías y fideicomisos mineros, no está claro el impacto del proyecto de ley.

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