Caucete: por demora judicial, deberán liberar al comerciante acusado de abusar y prostituir a su hija

La demora en una causa judicial por de más grave y escandalosa, hace inminente la excarcelación del comerciante caucetero acusado de abusar y prostituir a su propia hija. El hombre lleva ya tres años detenido sin juicio y se vencieron los plazos de la prisión preventiva que prevé la Ley, por lo que tendrán que liberarlo.

Fuentes judiciales revelaron que su defensor, el abogado Nicolás Fiorentino, hizo las gestiones para que dispongan su libertad en razón del vencimiento de encarcelamiento preventivo. De lo contrario, se estaría violando las garantías constituciones y los tratados internacionales que ponen un límite a esa medida cautelar.

El comerciante fue exfuncionario municipal en la gestión del exintendente Julián Gil en Caucete y actualmente se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. El juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, lo procesó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil y promoción a la corrupción de menores, todo esto agravado por el vínculo. No se da su nombre para preservar a la víctima.El hecho fue denunciado en 2019 por la presunta víctima, hija del comerciante, quien dijo que todos los ultrajes sucedieron cuando era menor de edad. En su relato aseguró que el hombre la sometía sexualmente desde que ella tenía 13 años y después la entregó como objeto sexual a otros hombres conocidos de Caucete a cambio de favores políticos o negocios. Es más, vinculó en estos hechos al ex intendente Julián Gil, al puntero político Silvio Ibáñez y a Emilio Mendoza Merelles, hijo de otro ex jefe comunal.

Pese a que el acusado jura que es inocente y su abogado hizo distintas presentaciones, su procesamiento fue confirmado. El sujeto fue detenido el 5 de noviembre de 2019. Cuando se cumplieron los dos años de la prisión preventiva, el juez Adárvez extendió la medida cautelar por otro año más y dispuso que continúe alojado en el penal de Chimbas. En ese tiempo, el comerciante denunció que sufrió una feroz golpiza y recibió amenazas de muerte.

Paralelamente, prosiguió la investigación contra los otros posibles involucrados. Sin embargo, en diciembre de 2020 dictaron la falta de mérito a favor de Julián Gil, Silvio Ibáñez y Emilio Mendoza. Con esto, el único acusado y procesado en la causa es el comerciante, a quien ya deberían haber juzgado.

El problema es que el tiempo transcurrió y el sábado último cumplieron tres años de detención. La Constitución Nacional y el Código Penal establece que una persona no puede permanecer encarcelada sin juicio previo más de dos años. A lo sumo, esa medida cautelar puede extenderse un año más sólo en caso excepcionales a raíz de la complejidad de la causa. Cumplido ese término, deberán excarcelarlo. Y esta es la situación que se presenta ahora con el comerciante caucetero.

 

fuente: tiempo san juan

Fuentes judiciales revelaron que su defensor, el abogado Nicolás Fiorentino, hizo las gestiones para que dispongan su libertad en razón del vencimiento de encarcelamiento preventivo. De lo contrario, se estaría violando las garantías constituciones y los tratados internacionales que ponen un límite a esa medida cautelar.

El comerciante fue exfuncionario municipal en la gestión del exintendente Julián Gil en Caucete y actualmente se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. El juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción, lo procesó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil y promoción a la corrupción de menores, todo esto agravado por el vínculo. No se da su nombre para preservar a la víctima.El hecho fue denunciado en 2019 por la presunta víctima, hija del comerciante, quien dijo que todos los ultrajes sucedieron cuando era menor de edad. En su relato aseguró que el hombre la sometía sexualmente desde que ella tenía 13 años y después la entregó como objeto sexual a otros hombres conocidos de Caucete a cambio de favores políticos o negocios. Es más, vinculó en estos hechos al ex intendente Julián Gil, al puntero político Silvio Ibáñez y a Emilio Mendoza Merelles, hijo de otro ex jefe comunal.

Pese a que el acusado jura que es inocente y su abogado hizo distintas presentaciones, su procesamiento fue confirmado. El sujeto fue detenido el 5 de noviembre de 2019. Cuando se cumplieron los dos años de la prisión preventiva, el juez Adárvez extendió la medida cautelar por otro año más y dispuso que continúe alojado en el penal de Chimbas. En ese tiempo, el comerciante denunció que sufrió una feroz golpiza y recibió amenazas de muerte.

Paralelamente, prosiguió la investigación contra los otros posibles involucrados. Sin embargo, en diciembre de 2020 dictaron la falta de mérito a favor de Julián Gil, Silvio Ibáñez y Emilio Mendoza. Con esto, el único acusado y procesado en la causa es el comerciante, a quien ya deberían haber juzgado.

El problema es que el tiempo transcurrió y el sábado último cumplieron tres años de detención. La Constitución Nacional y el Código Penal establece que una persona no puede permanecer encarcelada sin juicio previo más de dos años. A lo sumo, esa medida cautelar puede extenderse un año más sólo en caso excepcionales a raíz de la complejidad de la causa. Cumplido ese término, deberán excarcelarlo. Y esta es la situación que se presenta ahora con el comerciante caucetero.