El bloque de Unión por la Patria en Diputados que lidera Germán Martínez anunció que avanzará con el pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei. «Nosotros tenemos que analizar a fondo de las responsabilidades políticas que tenga este tema», argumentó Martínez en relación al escándalo cripto que tiene a Milei en la mira.
Martínez denunció que el escándalo es «gravísimo» tanto desde el punto de vista legal, como político e institucional. «Puede tener consecuencias graves, trascendió la frontera de Argentina; tiene repercusión puertas adentro y en el plano intencional», agregó Martínez y dijo que «da la sensación» de que el escándalo va creciendo día a día. «La dimensión del escándalo requiere una respuesta institucional de la misma proporción», profundizó y aclaró que no es un tema político sino «institucional».
También hizo mención a la banca que dieron otros bloques del Congreso a Milei y dijo que le llama la atención que en vez de ser críticos, hagan «oposición de la oposición». Martínez sostuvo que van a «profundizar» el diálogo con todos los espacios políticos y que están «convencidos» que la herramienta institucional es «la que más se adapta a estas circunstancias es el juicio político». Pidió que Milei «de explicaciones», que se haga cargo y que no es serio que se «autoinvestigue».
Y cerró: «Nosotros tenemos que analizar a fondo las responsabilidades políticas que tenga este tema. Los argentinos tiene que saber si tienen un Presidente al cual le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta o si tienen a un Presidente estafador».
¿Cómo funciona el proceso de juicio político?
La diputada y ex titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, explicó en la conferencia los pasos a seguir. Primero debe constituirse la comisión, que sólo está habilitada a investigar y determinar responsabilidades en el marco del juicio. Una vez presentados los pedidos, la comisión deberá evaluarlos y realizar el informe de admisibilidad de las denuncias y ahí decidir, por mayoría simple, si abre o no la investigación.
Luego se escucha al denunciado y la comisión nuevamente decide por mayoría simple si acusa o no. Alcanzados esos pasos, le corresponde al Senado llevar adelante el proceso y definir las sanciones correspondientes.