La Subsecretaría de Trabajo de San Juan está a punto de aplicar una multa al sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por no haber acatado una conciliación obligatoria dispuesta en el marco de un conflicto salarial ocurrido hace aproximadamente dos meses. Así lo confirmó el titular del área, Franco Marchese, quien señaló que la sanción está en su etapa final de resolución y será notificada entre este jueves y viernes.
“La UTA no acató la conciliación obligatoria que se dictó por un conflicto de carácter netamente provincial, vinculado al reclamo por salarios”, explicó Marchese. Ante ese incumplimiento, se inició el correspondiente sumario administrativo por infracción laboral, lo que derivará en una multa que, según anticipó el funcionario, será de monto elevado: “Va a ser una multa millonaria. Aún no tenemos la liquidación definitiva, pero será significativa”, indicó.
Respecto al último paro de colectivos, realizado a nivel nacional esta semana, el subsecretario informó que ya se inició el procedimiento administrativo correspondiente. Aclaró que no es posible aplicar sanciones inmediatas sin respetar los pasos legales previstos, ya que eso podría derivar en la nulidad de la medida por parte de la defensa del gremio. “Esto no es una sanción directa. Es un procedimiento que requiere plazos y notificaciones, porque si no se cumple correctamente, puede ser objetado”, señaló.
Marchese confirmó que la multa es exclusivamente para el sindicato y no alcanza a las empresas de transporte. En cuanto a los choferes que adhirieron al paro, explicó que cualquier descuento salarial es decisión de los empleadores, en el marco de la relación laboral privada que mantienen con las empresas: “El descuento es legal y justificado, pero queda a criterio del empleador si lo aplica o no”.
Por último, el subsecretario indicó que hasta el momento no han recibido ninguna presentación formal ni notificación por parte de la UTA en relación a estos expedientes. También mencionó que la Subsecretaría continúa recibiendo diariamente reclamos laborales de diversa índole, que van desde despidos y malas liquidaciones hasta casos de empleo no registrado. “Estamos trabajando al máximo, por instrucción directa del gobernador, para garantizar que ningún derecho laboral quede sin ser atendido”, concluyó.